El gobierno estatal sigue en su empeño de achacar a las autoridades anteriores, y ahora a los sindicatos beneficiarios del sistema estatal de retiro, la responsabilidad del quebranto financiero que sufre la Dirección General de Pensiones.
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Sin todavía una comprobación incontrovertible de que hay un quebranto causado por las inversiones fallidas en el extranjero, la narrativa oficial se centra en dejar esa idea en el aire.
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Podría haberlo, desde luego, pues ya se han registrado escandalosas pérdidas en el pasado reciente, pero no hay evidencia aun de que existan.
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Sin embargo, en esta administración la DGP ha reconocido minusvalías en las inversiones, es decir, pérdidas, no tan cuantiosas como las que maneja el Ejecutivo, pero sí significativas.
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Eso contradice el discurso oficial de que el Ejecutivo no ha permitido ese tipo de deterioro en esta administración, lo que es un sinsentido, pues se supone que la DGP es un ente autónomo y los burócratas y maestros, sus únicos beneficiarios, son también los que deciden el destino de los recursos. Si esa es la aspiración, ésta refleja un afán de intervencionismo muy alto.
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Se insiste, parece que este asunto de las inversiones fallidas parece más un intento de distraer el foco de la verdadera causa del quebranto en Pensiones: el enorme adeudo generado por la administración al dejar de pagar sus aportaciones y que se ha disparado en este gobierno.
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Mientras muchos no digieren aún el nombramiento del aun dirigente nacional morenista Mario Delgado como nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la UASLP no esperaron demasiado y se sumaron al beneplácito de casi todas las instituciones de educación superior de los estados.
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En un desplegado, elogiaron la elección de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa y prometieron trabajar de manera coordinada.
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Pese a la alegría universitaria, no hay que olvidar que muchos ven en el cargo el pago del nuevo gobierno federal de una cuota partidista y alertan del riesgo de la politización de la educación.
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En San Luis, muchos morenistas locales no tienen aprecio por el dirigente que, tras el fracaso en 2021 de la postulación conjunta de Ricardo Gallardo con el Verde, por la oposición que generó en los guindas potosinos, prácticamente le dejó la vía libre al postular a la impresentable Mónica Rangel como candidata a la gubernatura.
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Y en la elección de este año, acotó al partido para subordinarlo en los hechos a su aliado. Eso muchos no lo olvidan aún.
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Hablando de la relación de los morenistas y los verdes, el escenario idílico de un triunfo del PVEM en 2027 podría verse afectado por las dinámicas del gobierno federal. La Segob es un entorno duro, que desgasta el capital político del titular, por lo que no sería arriesgado pensar que de aquí tres años, un relevo sería posible. Y una salida viable sería una gubernatura, lo que podnría interesantes las cosas en tres años.
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¡HASTA MAÑANA!