Las reformas laborales que se han impuesto en la recta final del sexenio son un arma de doble filo para la economía nacional.
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Los restaurantes se suman a varios sectores empresariales que alertan que medidas como el aumento en el periodo vacacional o la duplicación de los días de aguinaldo, que indudablemente beneficiarán a los trabajadores, representan una amenaza a las empresas, pues se verán obligados a generar ingresos suficientes para afrontar los gastos.
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El gobierno federal, en su intención de beneficiar a los empleados, está cayendo en un desequilibrio peligroso para la economía nacional.
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Si bien es cierto que es positiva cualquier medida que eleve los ingresos de la mayoría de la población, deberían descartarse todos los toques populistas a estas iniciativas, so pena de descarrilar los innegables avances que ha presentado la economía.
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El drama de la violencia delictiva en San Luis Potosí tuvo ayer uno de sus capítulos más bizarros.
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El sujeto que el año pasado se hizo famoso, de mala manera, en las redes sociales por golpear de manera despiadada a un joven empleado de un restaurante de comida rápida, pasó al lado de las víctimas al ser mortalmente baleado a plena luz del día al salir de uno de sus negocios.
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“El Tiburón”, el mote con el que fue conocido en redes sociales, generó tal animadversión por su acción, que cosechó una serie de comentarios negativos y agresivos, muchos de ellos lamentables, pero unánimes.
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Buena parte de esta animadversión se debió a que el proceso legal se dirimió con un acuerdo con la parte afectada que le concedió el perdón, tras llegar a un acuerdo económico, una alternativa impopular, pero completamente legal.
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Como tampoco será popular establecer que, con todo y los polémicos antecedentes de esta persona, él y sus cercanos tienen todo el derecho de que las autoridades investiguen el caso y encuentren a los responsables del crimen.
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El caso de la huida de dos jóvenes mujeres de una presunta casa de salud mental pone el reflector el problema de la existencia de este tipo de lugares, que deberían ofrecer una gama muy precisa de servicios para las personas que enfrenta alguna de estas condiciones, pero que en realidad, la falta de profesionalismo las perjudica más.
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Y eso no es lo peor. Las condiciones de estos establecimientos llegan a constituirse en daños a la integridad de las perso-
nas internadas.
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Las denuncias de este caso en redes sociales hablan de una situación de abuso que las autoridades están obligadas a investigar y definir, además de quitar cualquier sospecha de trato preferencial a los encargados del controverti-
do centro.
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Tanto el DIF estatal como la Fiscalía General del Estado deberán esclarecer el caso, teniendo como principal interés el de las personas internadas.
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¡HASTA MAÑANA!