La inutilidad del semáforo sanitario como mecanismo para cortar la cadena de contagios de coronavirus se evidenció con el anuncio del comercio organizado de que el cierre dominical de negocios sólo durará hasta hoy, luego de que se acordara con las autoridades sanitarias, según los comerciantes organizados, que el próximo domingo, los negocios abrirían.
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Es comprensible que quien tiene un negocio, busque salvar las ventas pese a la pandemia. La realidad sanitaria no oculta el hecho de que un comercio no puede sobrevivir si está cerrado.
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Tampoco es un secreto: este es uno de los sectores económicos más golpeados por la pandemia. Un nuevo cierre obligado implicará la muerte de muchos más de los que han cesado de operar.
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Pero ante esa realidad, las autoridades deben cesar el doble juego de pedir a la ciudadanía evitar salir a las calles cuando al mismo tiempo, dan marcha atrás a las medidas anunciadas para propiciar ese freno a la movilidad.
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Pareciera que no cuenta mucho que el estado se ubique en el peor punto de la pandemia y que el margen de maniobra sea amplio.
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El cuarto linchamiento del año se registró ayer, lo que representa un nuevo peldaño en el descenso del Estado de Derecho en San Luis Potosí.
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Al final, tantos años de impunidad de la delincuencia, de cualquier tipo, que han obsequiado las autoridades de todos los niveles, de todas las administraciones y de todos los colores partidistas, han germinado un fruto envenenado: la justicia por propia mano.
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Irónicamente, este tipo de ajusticiamiento en un crimen en si mismo. Quienes linchan son tan criminales como sus víctimas, en el caso de que éstas hayan sido responsables de los delitos achacados.
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Sí, como pasa en muchos casos, los asesinados por los “vengadores” ciudadanos resultan ser inocentes, al final, los únicos criminales son los que buscaban justicia.
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Los linchamientos deben condenarse sin cortapisas. No porque se considere inocentes a las víctimas, sino porque son agresiones ilegales. Quien espera ser beneficiado por la justicia, no puede quebrantarla bajo ninguna circunstancia.
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Las autoridades, con sus fallas en materia de inseguridad, son corresponsables de los linchamientos, pues con la impunidad que propicia su ineficiencia, alimentan la frustración y el enojo de la ciudadanía, que dejó de creer en la justicia.
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Que el gobierno de Tamaulipas, que encabeza Francisco Javier Cabeza de Vaca, sí gastó recursos públicos en San Luis Potosí, comprobó una investigación de Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción (MCCI).
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Pero antes de que a los integrantes de la Coalición Sí por San Luis les de algo, hay que recalcar que el gasto no se realizó en la pasada elección, sino en 2017.
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El organismo ciudadano documentó transferencias por 39 millones de pesos del erario tamaulipeco a una empresa de publicidad que resultó ser “fantasma” y que realizó gastos de una supuesta campaña de publicidad en varios estados, incluyendo al nuestro.
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MCCI detectó que la falsa empresa realizó una falsa campaña de publicidad, consistente en mantas “informando” de obras y acciones del tamaulipeco en camiones. El SAT detectó que no hubo tal.
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El asunto puede ser un mal antecedente, sin embargo, para una coalición que enfrenta, entre otras acusaciones, la de beneficiarse de recursos del polémico gobernador.
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¡HASTA MAÑANA!