San Luis sufre el doble flagelo de la actividad delictiva que opera en el estado. El primer golpe lo dan los propios actos delictivos: la muerte de hombres y mujeres asesinados, la propiedad expoliada en un robo, la violación y la angustia que provoca la extorsión.
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Y el segundo son para quienes buscando obtener justicia, acuden a las autoridades para denunciar los delitos que sufrieron y se topan con altos niveles de impunidad que afectan al estado.
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San Luis es el sexto estado que registró los mayores niveles de crímenes denunciados ante las autoridades que se quedaron sin sanción, de acuerdo a un documento de México Evalúa. También se ubica por encima de la media nacional en casi todos los delitos de alto impacto que afectan a la sociedad.
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Indudablemente es un tema de suma gravedad, que no se va a resolver con propaganda gubernamental ni afirmaciones infundadas de que la incidencia delictiva va a la baja.
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Se necesita voluntad política no sólo para actuar, sino para aceptar que el estado vive una realidad distinta a la que alcaldes y gobernador ofrecieron en sus informes.
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Las fallas legislativas que malograron las consultas ciudadanas que fueron anuladas por el Poder Judicial tendrán un fuerte impacto en el erario.
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La definición del presupuesto del Legislativo para 2024 romperá la tendencia de mantener la misma partida que el año anterior y deberá incluir 26.3 millones de pesos extras, de los cuales, la mayoría está prevista para realizar los ejercicios de consulta ciudadana que no pudieron sacarse adelante.
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En ese sentido, la incapacidad resultó muy onerosa.
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Y desde luego, los diputados no desaprovecharon la oportunidad para incrementar la nómina en poco más de ocho millones de pesos.
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Nominalmente, no hay incremento. Pero se presenta un alza de 3% al monto que alcanzó la nómina este año, como parte de las previsiones salariales. Este año, el Congreso no incluyó el rubro. Será interesante saber por qué.
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Y como siempre, hay ganadores: la partida para el pago de trabajadores de honorarios subió de 49.8 millones de pesos a 53.5 millones de pesos, es decir, tendrá un incremento de 3.6 millones de pesos.
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La partida para sueldo base tuvo un incremento menor, de 2.9 millones de pesos.
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Si la CEGAIP hace bien su trabajo, la Seduvop tiene enfrente un brete: su argumento de declarar bajo reserva cinco años los contratos de las obras en el parque Tangamanga por petición de empresas bajo supuesta amenaza de la delincuencia (¿en el San Luis seguro que presume el gobierno estatal?) no justifica el claro intento de opacidad en que está incurriendo la dependencia.
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¡¡HASTA MAÑANA!!