Jueves y viernes vimos dos facetas del movimiento feminista en San Luis Potosí, que se expresó para repudiar los tres feminicidios que se registraron en esta trágica semana.
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El día 22 salieron a la calle las mujeres bravas del ala más radicalizada del feminismo en San Luis Potosí. Irreverentes y muy enfáticas en sus demandas, recurrieron a las pintas de varios edificios públicos, como las sedes de la Fiscalía General del Estado y del Congreso.
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Ayer, la segunda marcha estuvo integrada, en su mayor parte por maestras, compañeras de Mitzi Berenice, cuyo cadáver quedó en un predio de Las Piedras.
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La protesta contrastó con la del día anterior por su relativa calma y organización. Participó la familia de la fallecida, que condicionó su presencia a la ausencia de situaciones tirantes.
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Entre las muchas cosas que compartieron ambas manifestaciones, dos destacan: la intensidad de la demanda de que termine ya el terrible momento que están sufriendo las mujeres potosinas y el blanco directo en las autoridades como destinatarios de las exigencias, pero también de los reclamos por las fallas del gobernador Juan Manuel Carreras López, el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios, y el fiscal Federico Garza Herrera, en garantizar una vida tranquila para las mujeres.
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Es imposible decir que una marcha vale más que otra. Se debe agradecer que haya facetas de la inconformidad de las mujeres.
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Y hay que reiterar que las autoridades cometerán un terrible error si ignoran a ambas.
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Lo que parece un error es presumir que hay 26 millones de pesos para financiar obras y acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género…. cuando no han llegado a las arcas.
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No cayó bien en Palacio de Gobierno el comparativo de las prioridades presupuestales del sector público, al contrastar que el gobierno federal destina este 2019 3.1 millones de pesos mientras que el presupuesto para partidos políticos es de 116 millones.
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El fondo del asunto es la injusticia que existe en esa distribución del presupuesto, al privilegiar a las instituciones más desprestigiadas del estado por sobre la vida de las mujeres, pero para la autoridad estatal, se trató de una cuestión de números.
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Que en realidad son 26.3 millones de pesos los que ha gestionado San Luis Potosí para la AVG, aunque el reporte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres señala solo los 3.1 millones de pesos consignados.
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El argumento, sin embargo, se desmorona por dos factores: el más relevante, que aun con el aumento, aún sigue siendo parte considerablemente de lo que recibirán los partidos políticos el año entrante; y el más penoso, que el dinero está en el limbo.
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Así es. El gobierno federal, según el estatal, no ha enviado los recursos. Así, 26.3 millones de pesos equivalen a nada.
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Que se esperan en septiembre, argumentan, pero ahora, 70 mujeres han sido víctimas de feminicidios en lo que va del gobierno, tres de ellas en la última semana.
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Ahora, muchas más perdieron la vida en homicidios dolosos, han sido lesionadas, violadas, acosadas o abusadas.
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Ahora es cuando se necesita el dinero, por más insuficiente que sea.
¡HASTA MAÑANA!