El descubrimiento de las fugas en la cortina de la presa El Realito a inicios de año, pero reconocidas públicamente el mes pasado, generaron un escenario apocalíptico, con una de las sequías más agudas en la historia de la ciudad, tandeo, regreso a la extracción de pozos clausurados y distribución de agua en pipas a una buena parte de la ciudad.
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El gobierno del estado, la alcaldía capitalina, el Interapas y la delegación local de la Comisión Nacional del Agua idearon incluso un operativo de emergencia para enfrentar la crisis, que incluso obligó al Ayuntamiento a canalizar recursos de un programa municipal de vialidades para enfrentar una emergencia de una ciudad sin agua.
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Pero, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno federal, no hay ninguna emergencia.
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Sí, hay una fuga masiva de agua en El Realito, reconocieron ayer en "la mañanera" el presidente y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, pero la situación de ninguna manera dejará a la capital potosina sin agua.
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Aún incluso cuando la cortina sea reparada forrándola con una membrana, pues se usarían buzos para colocarla bajo el agua.
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Al conocerse las fallas en la cortina de la presa, las autoridades coincidieron en que la presa debía vaciarse totalmente para luego proceder con la reparación. Y durante el largo lapso que se necesitaría para ello, la capital estaría sin el agua de El Realito.
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Pero ayer, en Palacio Nacional se garantizó en varias ocasiones que aún con la fuga y con las reparaciones en ciernes, San Luis capital tendría agua.
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¿Quién tiene la razón? ¿Quién está equivocado? ¿Hay o no una emergencia por el agua en la ciudad? Son dudas que urgen sean resueltas.
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En el Congreso del Estado, las legislaturas pueden cambiar, pero no las malas costumbres.
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Aún descubiertos en la simulación del cumplimiento de un amparo que les ordenaba reponer el proceso de decidir la permanencia de una magistrada en el Poder Judicial del Estado, y sancionados económicamente por ello, los integrantes de la Directiva del Legislativo interpusieron una queja contra el ordenamiento judicial.
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La actitud no sólo refleja la intención de evadir una multa que está justificada a ojos de un juez, sino también la pichicates de los diputados involucrados pues tampoco están dispuestos al pago de diez mil pesos, una suma que para los bolsillos de los diputados, es más que accesibles.
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Al final, los diputados rechazaron ratificar a la magistrada, que muy posiblemente, volverá a impugnar judicialmente la decisión.
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¡HASTA MAÑANA!