Los nubarrones se ciernen sobre la economía estatal que, como la de todo el país, parece haber perdido el rebote que se generó al inicio de este año.
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Esto es grave porque todos los sectores económicos quedaron lastimados por el efecto de las primeras oleadas del virus, por lo que, la recuperación no puede considerarse como tal, sino más bien, era la vuelta a los niveles prepandemia.
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La alerta es casi general, desde la baja productividad, el incremento de la dependencia del estado al trabajo informal. Quizá lo más preocupante es que, pese a que la población con empleo en el país y sus ingresos han mejorado, la población potosina en pobreza laboral, la que no puede comprar los alimentos básicos, sigue aumentando, de acuerdo con las cifras del Coneval.
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En estas circunstancias, los planes de las autoridades para combatir la pobreza y mejorar la economía podrían quedarse cortos.
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El jaloneo entre la Oficialía Mayor del gobierno estatal y el sindicato mayoritario de burócratas no se ha detenido y ahora se ha centrado en los despidos que se han registrado en las últimas semanas.
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Mientras que los burócratas aseguran que se trata de los suyos, la dependencia estatal afirma que no se trata de despidos, sino de que se trata de empleados por honorarios a los que se les venció su contrato.
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Pero podría estar gestándose un round mayor, debido a la fecha de la entrega de la primera parte del aguinaldo de este año.
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La burocracia busca que sea el tres de diciembre, aduciendo que es la fecha usual en la que reciben el beneficio laboral. La Oficialía Mayor se resiste, aunque pone como alternativa el diez de diciembre.
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En las filas sindicales se pondera incluso la probabilidad de un paro de labores.
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El superdelegado del gobierno federal en San Luis, Gabino Morales, deberá poner en claro si el programa de vacunación de menores de edad está siendo utilizado para recaudar subrepticiamente firmas en apoyo al proceso de revocación de mandato.
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La denuncia hecha por una ciudadana en redes sociales en el sentido de que servidores públicos recababan firmas de padres de familia en formatos para la revocación de mandato es grave.
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Aprovecharse de esa manera de usuarios de un servicio sanitario es bastante burdo.
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Afortunadamente, la alerta podría tener un efecto disuasorio para futuros intentos, aunque es muy improbable que las autoridades reconozcan haber incurrido en esta práctica.
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¡HASTA MAÑANA!