La pérdida de vidas que ha generado el COVID-19 en San Luis Potosí, que ya ronda las mil 900 víctimas y seguramente será mayor, es el impacto más negativo que ha generado la pandemia para el estado. Y se trata de un golpe del que no hay recuperación posible.
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Pero las consecuencias económicas relacionadas con la enfermedad rivalizan en gravedad. El PIB de una economía que había despegado gracias al impulso de la manufactura enfrentará este 2020 un desplome que retrasará por varios años el avance económico.
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El pronóstico de BBVA de que la economía potosina será una de las diez peor golpeadas por la pandemia se suma a una lista ya muy nutrida de motivos por los cuales pensar que el mal rato que está pasando la economía potosina se extenderá aún más.
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Y es que no se puede pensar distinto si a este freno al PIB se le suma el bajón en la inversión publica que seguramente sufrirá el estado en 2021.
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Hay indicios favorables como que la crisis no ha detenido las inversiones extranjeras, en la que el estado destaca como cuarto lugar, o que la llegada de remesas de dólares desde Estados Unidos ha tenido una sorpresiva alza.
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Pero nada garantiza que vayan a continuar ni que sean suficientes como para revertir las consecuencias de una economía enferma.
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El pasado 26 de septiembre, dos personas fueron asesinadas por agentes de la Fuerza Civil de Nuevo León, una corporación estatal, luego de que se desatara una riña debido a que se resistieron a una revisión.
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Se trataba de un grupo de albañiles. Debido a la agresión, dos cayeron muertos ante las balas de los agentes.
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De acuerdo a reportes periodísticos de Nuevo León, las víctimas eran potosinas, de Aquismón.
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El crimen necesita una acción enérgica de las autoridades potosinas para obligar a los agentes y a la dependencia involucrada a resarcir el grave daño que causaron.
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Mientras que en otras ciudades, las marchas en pro de la interrupción legal del embarazo se tornaron violentas, en especial en la CDMX, aquí en San Luis Potosí, las participantes optaron por el simbolismo inteligente, usando el emblema del movimiento, el pañuelo verde, para colocarlo en diversas dependencias oficiales.
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El punto de las impulsoras del movimiento, cuyo debate profundo es una tarea pendiente para la sociedad potosina, quedó claro sin que se cayera en
el enfrentamiento.
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El plan de recortar la nómina de los burócratas estatales pagados por honorarios no tiene muchas simpatías en los partidos políticos, incluido el PRI.
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Representantes partidistas advirtieron de la inconveniencia de la medida en tiempos de COVID y de un nivel de empleo que apenas se va recuperando de la ola de despidos de hace unos meses.
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Eso sí, el gobierno estatal ya se aprestó a decir que los empleados sindicalizados librarán el golpe.
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¡HASTA MAÑANA!