Desangelados, sin filo, lisonjeros, pasalones. Generalmente, las comparecencias de funcionarios estatales luego de los informes de gobierno son ejercicios inocuos e intrascendentes. Con esta legislatura y con esta administración estatal, estos términos se extralimitaron.
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Salvo una o dos excepciones, los legisladores locales trataron con pinzas acolchadas a los cuatro integrantes del gabinete gallardista, quienes tuvieron un día
de campo.
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De las bancadas ligadas a ese grupo, no se esperaba una actuación distinta. Mientras que la oposición pareció olvidarse de su papel y apenas dibujaron cuestionamientos.
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El colmo ocurrió en la tarde, con la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leticia Vargas Tinajero. Hubo tan pocos asistentes que en las sillas vacías tuvieron que acomodar a colaboradores del Congreso y la dependencia.
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No se pudo hacer eso en caso de los diputados, pues catorce diputados ya no asistieron. De los 13 restantes, casi todo lo que emanó fueron pases a gol para la secretaria.
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Desde el interior del Legislativo, se describió el procedimiento: 40 minutos de perorata intrascendente de los funcionarios, a la que le siguen intervenciones de 5 minutos por cada diputado, generalmente iniciada por los diputados más elogiosos. Y luego hay segunda ronda.
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La cereza del pastel fue que Vargas Tinajero, honrando la imagen de funcionaria opaca que se ha forjado con tanto empeño, rechazó dar entrevistas a los reporteros que la esperaban.
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El gobierno del estado y la alcaldía capitalina han coincidió en el argumento de que hay una campaña de información falsa sobre hechos delictivos, que tiene consecuencia directa en la percepción de inseguridad.
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No les falta razón. La presentación de hechos delictivos montados, o reales, pero que no ocurrieron en el estado son situaciones reales.
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Sin embargo, han sido minoría con respecto a las informaciones reales y fundamentadas, incluso por instancias oficiales, sobre la violencia ejercida por los delincuentes en el estado.
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Es necesario, desde luego, terminar con la cultura de las “fake news” (y eso incluye también las diseminadas desde las propias autoridades, que las hay), pero que eso no implique un esfuerzo para tratar de ocultar la realidad de lo que ocurre en el estado.
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El estado de la justicia en San Luis Potosí está sumamente deteriorado. Así lo muestran los estudios recientes de México Evalúa y la Universidad de las Américas Puebla apuntan a que la debilidad de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia quedaron devastados.
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Y todavía es temprano para saber si esta administración será capaz de revertir la situación o si se convierte en un eslabón más en la cadena de deficiencias que azota a la justicia en San Luis.
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¡HASTA MAÑANA!