Pulso, Diario de San Luis, el medio de comunicación históricamente impreso, pero que desde febrero de 2011 diversificó sus opciones de difusión de información minuto a minuto a través de la vía multiplataforma, ha formalizado la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el hackeo de la página de Facebook que se perdió con todo y sus miles de seguidores. La medida es el llamado formal a la investigación de la forma en que se perdió el sitio de Facebook, que por más de una década generó contenidos para el público que emigró al internet como medio para informarse. Con el hackeo, nuestros lectores no tienen posibilidad de ver el trabajo acumulado de tantos años de nuestro robusto equipo editorial.
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El bloqueo de la cuenta de la red social, por sí solo representa un ataque directo a la libertad de expresión, y una forma planeada para silenciar el trabajo diario de presentar la realidad, que indiscutiblemente incomoda a algunos. Así ha sucedido con toda seguridad, desde que el autor del hackeo planeó sacar del aire el noticiero en plataforma Pulso Al Aire, que con toda la red social fue cortado de tajo a las 10:30 de la mañana del 14 de septiembre, justo cuando el equipo editorial que opera la página de Facebook ya no pudo ingresar, y solo se perdió. No es la primera vez que el trabajo de los medios de Editora Mival es objeto de acciones para ser silenciado. Sin embargo, el acoso mediático se ha acentuado, en medio de discursos de servidores públicos que dicen proteger la libertad de expresión.
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A lo largo de la historia, las acciones de hostigamiento digital a trabajadores de Editora Mival se han expresado en campañas infamantes, en amenazas, privación de la libertad y agresiones físicas, y acciones legales planeadas para provocar que los periodistas de la casa le bajen de tono. Este acoso que ya ha derivado en daños, se encuentra en un escenario más peligroso, si se considera que con mucha frecuencia, las voces de censura vienen de servidores públicos de elección popular de primerísimo nivel, como parte de los contenidos en sus discursos o acciones para azuzar agresores de periodistas, pensando mal, posiblemente a sueldo, a pesar de que son ellos quienes deberían garantizar las condiciones de libertad de expresión.
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La actividad judicial tiene su costo. Claro ejemplo de ello, fue toda la reingeniería institucional y las capacitaciones a los operadores del sistema penal acusatorio, oral y adversarial, las modificaciones a la infraestructura y generación de nuevos espacios, todo ello durante la vacatio legis del 18 de junio de 2008 al 18 de junio de 2016, que por la reforma del artículo 20 constitucional obligaba a implementar todo un sistema basado en cinco principios garantistas. Así, el sistema judicial ha modificado casi todas sus materias jurídicas, desde la laboral hasta la electoral, la civil y la familiar. Decir que es un exceso que el órgano jurisdiccional solicite un incremento presupuestal, probablemente sea injusto.
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Hasta este domingo, se percibía una relación sin sobresaltos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial del Estado. Caso contrario es el que se refiere al Gobierno Federal, donde los diputados afines al presidente de México, patrocinan el ataque a los contrapesos, le siguen el juego y hacen lo necesario para estrangular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como en otros países, no se necesita de militares para disolver el Poder Judicial. Simplemente el Estado en uso de sus atribuciones le quita el dinero para su operatividad, y lo deja inutilizado para hacer un contrapeso. De eso ya se dieron cuenta millones de mexicanos que dependen de las decisiones de jueces y magistrados para sobrellevar el acceso a la justicia.
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¡HASTA MAÑANA!