Poco a poco se empiezan a desmenuzar las decisiones de los organismos electorales para calificar y en su caso aplicar multas a los partidos políticos o candidatos que gastaron mucho más dinero para promover sus candidaturas. Sin embargo, todas las sanciones que vengan, son tardías. El sistema electoral no está diseñado para detener campañas que muestren a simple vista acciones dolosas o violación sistemática de las reglas.
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Nada, ni un artículo, obliga a las autoridades electorales a ejercer sus atribuciones y prohibir la continuidad de una campaña, cuando el infractor es el primero en demostrar que la aplicación de las leyes no tiene dientes y mucho menos operadores de un sistema capaz de mostrar con firmeza las leyes y hacerlas cumplir. Todo sucede cuando ya pasaron las elecciones. Primero avanzan las campañas y después averiguan. Argumentos para justificar pueden sobrar, pero lo cierto es que suele ser mejor ejemplo de freno de una contienda un partido de futbol llanero, que un proceso electoral.
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De hecho, no puede concluir el encuentro futbolero, si el árbitro no resolvió marcar faltas a miembros de equipos que juegan sucio. Los somete a una llamada de atención, una tarjeta amarilla de advertencia o una tarjeta roja de expulsión. En las elecciones, el árbitro ni siquiera termina de hacer válidos los registros de los candidatos, cuando el tiempo se le vino encima para planear la logística de las elecciones. Pierde demasiado tiempo en las decisiones que puede tomar de un plumazo y en ese lapso se le escapa la etapa más importante, es decir, el desarrollo de las campañas.
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Precisamente por eso, aunque un helicóptero de color rojo cargando al candidato a gobernador por Redes Sociales Progresistas, José Luis Romero Calzada, pasara por encima del techo de la sala de sesiones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, no habría tiempo para dar celeridad a las actas circunstanciadas que pudieran derivar en una denuncia ante la Fiscalía Electoral y sobre todo si se considera que un partido político nuevo casi no tiene presupuesto y los viajes del también exdiputado habrían superado con mucho el dinero total destinado a ese instituto político, que a fin de cuentas perdió su registro a nivel nacional.
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El rebase de topes de campaña se ha vuelto una práctica cotidiana de candidatos y partidos políticos. De la nada, salen recursos para pagar eventos costosos, repartir dádivas, viajar como reyes, inundar de propaganda una ciudad, comprar espacios en redes sociales, financiar litigios costosos... y viajar en helicóptero para hacer proselitismo. Lo preocupante es que también se está volviendo una costumbre que los partidos políticos o candidatos se comporten con cinismo, porque a fin de cuentas los potosinos pagamos esas sanciones con nuestros impuestos.
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Y mientras ello ocurre en la política, en materia de seguridad, las cosas no andan bien. Sigue aumentando la frecuencia de los feminicidios y con ella también el alto riesgo para las mujeres en una entidad federativa donde por lo menos 6 municipios se encuentran en la mira por la declaratoria de alerta de violencia de género. Tan sólo la zona Metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, ocupa el lugar nacional número 19 en materia de hechos de inseguridad. Es cierto que se derivan de la delincuencia organizada, pero también, que es probable que las estrategias para dar revés a la criminalidad de alto impacto se hayan convertido en una tarea de planeación burocrática, en una mesa donde lo más importante sea el menú del desayuno.
¡¡HASTA MAÑANA!!