La imprevisión, desidia y pachorra de los diputados locales han metido a la Legislatura en un enredo que podría tener consecuencias jurídicas.
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La incapacidad del Congreso por realizar las consultas ciudadanas inherentes a diversas reformas que ha realizado, de tipo electoral, a personas con capacidades diferentes y de las comunidades indígenas ocasionó que la Suprema Corte de Justicia anulara varias reformas que exigían la celebración de este tipo de actos.
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Con ellas, también se generaron órdenes para que el Congreso las realizara. Algunas de esas órdenes fueron emitidas hace ya bastante tiempo, pero los diputados las minimizaron con varios pretextos, incluyendo el financiamiento.
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Con el tiempo ya encima y escaso margen de maniobra, los diputados pretendieron involucrar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en la realización de esas consultas.
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La instancia electoral enfrenta una severa crisis financiera debido a que tanto el Ejecutivo y el Congreso le han pichicateado el presupuesto tanto para su gasto propio como el que destina a la celebración de su cometido: elecciones.
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Así pasó con los comicios de 2024 y las consultas sobre la municipalización de Pozos y la elección del Poder Judicial local.
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El Consejo no olvida circunstancias y optó por rechazar la invitación.
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Así, deja al Poder Legislativo con un mínimo margen para celebrar las consultas y sin dinero para realizarlas. Parece que la respuesta del Congreso va más a echarle la culpa al consejo más que asumir la responsabilidad.
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Sin embargo, los diputados no pueden negar que ellos mismos se pusieron en esta situación. Están por verse las consecuencias de esta omisión.
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Ya se conocen algunos de los cambios que prevé la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y no se observan buenas perspectivas para el PT y el PVEM. Si la aprueban, perderán senadurías plurinominales y la capacidad de sus dirigencias para nombrar estas postulaciones. Si votan en contra, harán naufragar un proyecto presidencial, lo que abriría el riesgo a algún tipo de represalia e, indudablemente, afectará la alianza con Morena.
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Estas consecuencias podrían cambiar significativamente el panorama electoral potosino, en especial en la sucesión en el PVEM.
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Parece que los cobros en la corrección de errores en actas que emite el Registro Civil y la rectificación de datos en las mismas tiene un claro fin recaudatorio.
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La resurrección de un derecho derogado en 2012, por el que determinó un cobro de mil 400, perece haber sido diseñada para seguir esa línea.
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El crecimiento atípico del incremento de los ingresos en la Dirección del Registro Civil establecido para este año es una muestra de esos afanes recaudatorios.