El último año completo de esta administración estatal representa claramente el fracaso de su estrategia de seguridad pública: aún con una pandemia que limitó la movilidad de la población, 2020 fue el quinto año con mayor incidencia delictiva desde 1997.
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El peor año fue 2019, con 52 mil 288 denuncias. Le sigue 2007, cuando se registraron 49 mil 659 querellas. Luego están los lejanos 2000 y 2001, con 48 mil 442 y 46 mil 160 crímenes, respectivamente.
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El año pasado, fueron 45 mil 808. Si 2019 hubiera tenido menos delitos, 2020 destacaría como el peor año desde 2007.
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De esos cinco años con mayor incidencia delictiva, este gobierno se queda con dos y son consecutivos.
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El mejor agente de seguridad pública que tuvo este gobierno, el Covid, no ayudó mucho a mejorar la seguridad, pero fue factor en su baja. Así que si alguna autoridad llega a colgarse la medalla de la disminución de la delincuencia, estará cometiendo una enorme hipocresía.
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Pero lo peor no es eso. De nuevo, con todo y un virus mortal en las calles, la cifra de homicidios superó, por primera vez en los 24 años que el Sistema Nacional de Seguridad Pública contabiliza las cifras criminales, las mil víctimas. Cerca del 70 por ciento de ellas correspondieron a homicidios dolosos, los ligados a la delincuencia organizada.
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La tarea de esto grupos quedó reflejada en el regreso de las masacres a territorio potosino, las ejecuciones a plena luz del sol y la conversión del estado en un enorme cementerio.
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Ya parece tarde para recordar el incumplimiento del compromiso de garantizar la seguridad de los potosinos. Como sus antecesores, esta administración quedó a deber. Sólo queda esperar que busque menguar el poder de los grupos delictivos y que los aspirantes que ahora se deshacen en promesas de campaña tomen en cuenta la magnitud del resto que tienen enfrente y que los potosinos no tolerarán un nuevo incumplimiento.
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Sí Mónica Rangel quiere encajarentre los simpatizantes morenistas, uan de las primeras cosas que tiene que hacer es aclarar su relación con el PRI.
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Y no tiene caso que lo niegue, como ya lo hizo al registrarse. Los documentos del tricolor confirman que fue consejera estatal, un cargo al que se llega porque se quiere acceder a él. No se puede decir que lo ocupó contra su voluntad.
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Y los morenistas deben exigir explicaciones a la dirigencia nacional sobre por qué aceptan a alguien que quiere ser la candidata de un partido que tiene prohibido a sus militantes no mentir, cuando ya lo hizo.