¿Volverán los roces entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona?
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Hace unos meses, las relaciones entre ambas instancias alcanzaron su punto más bajo, en especial por los señalamientos constantes desde el Palacio de Gobierno, una constante de este gobierno con respecto a quien considera opositor o crítico, aunque no necesariamente sea así.
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En aquel entonces, el motivo fue el dinero. Se conoció que el gobierno del estado estaba dejando de entregar a tiempo sus aportaciones a la UASLP, lo que desató varios señalamientos que incluso objetaban la inclusión del exfiscal general del Estado, Federico Garza, en la cúpula universitaria.
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Al parecer, el conflicto se despresurizó y se llegó incluso a una normalización de las relaciones. Pero ahora, los malos momentos podrían regresar ahora que el adeudo gubernamental vuelve a registrarse.
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Y con la pobre perspectiva de la principal fuente de ingresos del gobierno potosino, las participaciones federales, el riesgo de que el adeudo con la UASLP, y otros pasivos más, se puede incrementar.
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A unas horas de haber estado en la región el presidente Andrés Manuel López Obrador, la delincuencia organizada dejó una vez más su escalofriante marca en la Huasteca.
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Desconocidos abandonaron una hielera con dos cabezas humanas en una carretera de Tamuín, recordando los terribles días de auge de esa práctica de las bandas criminales.
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Resulta significativo que se hiciera cuando la presencia de las corporaciones federales de seguridad pública, se supone, debió haberse intensificado por la presencia del presidente.
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Las recientes filtraciones de información castrense que derivaron en los Guacamaya Leaks revelaron que las giras presidenciales son antecedidas por un completo análisis de la Secretaría de la Defensa Nacional en las que se advierten posibles riesgos que podría enfrentar el mandatario, incluyendo la amenaza de la delincuencia organizada.
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Quién sabe si en esta reciente visita, se haya mantenido ese protocolo, pero quizá no se haya previsto una reacción tan violenta como ésta.
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El diputado ¿panista? Juan Francisco Aguilar Hernández afirmó que su iniciativa para facilitar el paso de exfuncionarios a las magistraturas del Poder Judicial del Estado dice que la modificación legal no lleva “dedicatoria” para nadie.
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Viniendo el señalamiento del diputado que, en su tiempo de dirigente partidista, había firmado ante notario un compromiso de no buscar un escaño, es casi seguro que sí, que la iniciativa lleva dedicatoria.
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¡HASTA MAÑANA!