El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya tiene su fecha negra, su punto más bajo de desempeño e imagen pública. Como Salinas de Gortari y el levantamiento zapatista, Ernesto Zedillo y el “Error de Diciembre”, Vicente Fox y la primera fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Felipe Calderón y la “Guerra contra el Narco y Enrique Peña Nieto con Ayotzinapa o la
“Casa Blanca”.
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El desastre de Culiacán bien puede ser conocido como “El Error de Octubre” y ayer, se agravó, como si eso fuera posible.
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Ver al secretario de Seguridad y de Protección Ciudadana, Alfredo Durazo, y al de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reconocer que el operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, había sido precipitado y erróneo, para luego concluir que se trató de un error, fue lastimoso.
También causó indignación, al igual que la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la soberbia, total falta de autocrítica y opacidad con la que se ha manejado
el asunto.
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La terquedad ha sido una virtud en la carrera política de AMLO, pero ahora se ha convertido en un lastre negativo.
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La buena noticia en el caso de la explosión de casos de dengue en el estado es que no se ha generado una muerte y que la mayoría de los casos son del tipo no grave.
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Pero no deja de ser preocupante cómo se ha disparado la incidencia, en un fenómeno que, también hay que decir, azota a todo el país.
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Hay circunstancias atípicas este año, como que en octubre, se vivan en San Luis temperaturas veraniegas, que favorecen a que el mosquito que transmite el mal todavía pueda seguir activo.
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Pero también es cierto que ha habido acciones de las dependencias sanitarias que, a la luz de la estadística, resulta evidente que no han funcionado.
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La impunidad no es ajena a los casos de delitos ecológicos y a ello contribuye, según revela el abogado Jorge Chessal Palau, la legislación ambiental potosina que, como está redactada actualmente, es un obstáculo para la sanción contra estos actos delictivos.
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El Congreso del Estado debería estar abierto a concretar una reforma que dé a la ciudadanía, y no a una dependencia, la posibilidad de presentar denuncias por delitos ambientales.
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Resulta una aberración que la Segam, que no pocas veces ha sido señalada como violadora de leyes ambientales, sea la única facultada para pedir la sanción a estos delitos.
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¡HASTA MAÑANA!