El discurso recurrente administración tras administración es el de una lucha recurrente contra la corrupción. Y si bien el inicio de cada sexenio nos trae la cuota de funcionarios procesados y hasta encarcelados, más que una lucha contra los malos manejos del erario, se trata más bien de meros actos de revanchismo político.
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Fuera de eso, casi nada se ha hecho en materia de lucha anticorrupción, merced a la poca efectividad de las instituciones encargadas de combatirla.
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La semana abrió con la información que la Auditoría Superior del Estado revisa las cuentas públicas de los entes estatales, pero poco más pasa. El organismo no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
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Y aunque parece más bien una protesta dirigida más que un interés espontáneo por corregir una situación irregular, la actual campaña contra el Fiscal Anticorrupción vino a sacar a esa dependencia a la luz, tras un largo tiempo de no saberse nada de ella.
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Es obvio que urge un cambio en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Y actualmente se gesta uno, aunque bajo la sombra de la duda sobre si se trata más bien de crear una nueva instancia a modo.
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Las bancadas del PVEM y del PT presentaron una iniciativa para modificar sustancialmente la Ley de Fiscalización Superior del Estado (de hecho, es considerada como una nueva) cuyo cambio fundamental es desaparecer la Auditoría Superior del Estado, para dar paso al Instituto de Fiscalización Superior del Estado, que presuntamente acabará con los vicios y fallas de la ASE.
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Una parte de la exposición de motivos de la reforma, sin embargo, reconoce sin ambagues que el cambio obedece al intento de darle a la fiscalización “una nueva identidad” que permita desligar del pasado a la institución y a la función.
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El pasado reciente, sin embargo, ha dejado indicios de que el principal promotor de la reforma está el PVEM, en donde confluyen dos corrientes cuya relación con la lucha anticorrupción es, por decir lo menos, polémica.
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El Verde es una de las fuerzas políticas que deformó la vocación de la ASE, a través de la “Ecuación Corrupta”, para convertirla en una herramienta de encubrimiento y chantaje. Y el movimiento gallardista, que ya ha tenido episodios muy controvertidos sobre corrupción, investigaciones y opacidad.
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La postura de las bancadas de oposición en este proceso será determinante para ver si prospera el plan y, en caso de que así ocurra, definir si el nuevo instituto en verdad es un cambio real o, solo más de lo mismo.
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¡HASTA MAÑANA!