El enojo de las mujeres por la violencia de género empieza a asomar su peor cara ante la inactividad de las autoridades y la incompetencia de los planeadores de las políticas públicas para resolver los principales conflictos de una crisis que se originó del machismo mexicano y ahora ya tocó fondo. En el México de la impunidad, las acciones de las mujeres han parecido poco suficientes para movilizar a las autoridades a resolver casos de mayor importancia.
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El caso más grave se refiere a los feminicidios, es decir la muerte de mujeres por su condición de género. La relatoría de abusos nos devuelve al punto de origen. La impunidad es una explosiva combinación de irresponsabilidad de los órganos investigadores del delito, de miedo, de falta de cultura de la denuncia, de indiferencia, de silencio cómplice y de criterios de excesiva burocracia que impiden un desahogo completo y suficiente de las investigaciones penales.
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Si bien la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha implementado por medio de la normatividad vigente el protocolo de feminicidio para cada caso de muerte violenta de mujer, y que se queda en manos de la autoridad judicial calificar la modalidad de muerte, lo cierto es que los graves problemas que padece el sistema de impartición de justicia, llevan a una grave irresponsabilidad que frecuentemente deriva en la impunidad de los casos.
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Lo mismo sucede en las instituciones educativas que progresivamente se van sumando a la cultura de la denuncia, para el caso de profesores que rompen la línea de la relación maestro-alumno, y terminan persiguiendo jovencitas bajo el amparo de la indiferencia de sus propios superiores. Incluso a nivel interno, en los planteles educativos, la justicia sólo llega cuando el nivel de la presión de las estudiantes hace insostenible seguir protegiendo a un profesor que busca hacer suya a una alumna, frente a la indignación de la víctima y la impotencia de sus padres.
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Es verdad que los victimarios han provocado un movimiento social que incluso es aprovechado por bandas pandilleriles para causar desmanes que nada tienen que ver con el enojo de las mujeres, pero también lo es el hecho de que si bien el sistema de justicia está muy avanzado en la protección a las mujeres, hasta ahora los operadores no consiguen frenar las prácticas de deshumanización de las relaciones sociales.
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A propósito de derechos humanos, también la crisis del servicio público ya tocó fondo. Las malas decisiones llevan a estudiantes de diversos niveles de educación a verse obligados a asistir a las aulas en medio del desamparo de quienes deben mantener los planteles en condiciones óptimas. Servicios sanitarios que se transforman en una bomba biológica transmisora de enfermedades múltiples, aulas sin pizarrones, falta de agua para beber, ausencia de espacios deportivos, muros con grietas y techos penetrados por la humedad, invaden los ambientes de estudio.
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Precisamente por el riesgo físico y las condiciones insalubres, surgieron los casos donde son los propios niños quienes se ven en la necesidad de promover denuncias ante jueces federales para conseguir obligar al sector público, quien deba intervenir, a reparar las graves fallas de la desatención. Y es que hasta ahora, los gobiernos de todos los partidos cumplen sus promesas en ocasiones a cambio de dejar la impronta de su partido político en la cabeza de los padres de familia. Hacen obra, pero tiene costo político.
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¡¡HASTA MAÑANA!!