El hermano del notario Sin recursos

Al final de la pasada administración estatal, el ambiente de los notarios se vio sacudido por la anulación del concurso de selección de algunas notarías, con el argumento de que no respetaba la equidad de género.

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El gobernador Juan Manuel Carreras revirtió algunas convocatorias en el último día de su administración, lo que generó algunas impugnaciones.

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Ahora, en los primeros meses del nuevo gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, el entorno notarial potosino tiene otra turbulencia.

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El pasado lunes y ayer, el Periódico Oficial del Estado publicó un decreto firmado por el gobernador Ricardo Gallardo Juárez y el secretario general, J. Guadalupe Torres, que declara suspendido el nombramiento de notario adscrito a la Notaría Pública número 32, Miguel Ángel Rodríguez Flores.

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La notaría número 32 es la que tenía a su cargo Leonel Serrato Sánchez, actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ex furibundo crítico del mandatario. 

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Leonel Serrato dejó la notaría tras su nombramiento en el gabinete y quedó a cargo de Rodríguez Flores.

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Pero el 24 de septiembre, dos días antes de que iniciara el gobierno gallardista, el aún titular de la notaría 32 solicitó la suspensión del nombramiento de Ángel Rodríguez como adscrito por razonamientos que no se plasman en el acuerdo, pero que el gobernador dio por válidos.

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Más de tres meses después, aparece el acuerdo en el que se queda sin efecto el nombramiento del ex colaborador del actual secretario estatal.

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Como se sabe, al igual que los títulos de nobleza y las plazas de la SEP y el IMSS, las notarías suelen ser feudos familiares de transmisión hereditaria.

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Leonel Serrato hizo efectiva la tradición, al nombrar como adscrito, a su hermano Homero Serrato Sánchez. La suerte del suspendido quedará en un limbo que acabará si otro notario público lo llama como adscrito. Si transcurren dos años sin que eso ocurra, su nombramiento quedará cancelado.

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Será interesante saber los argumentos por los que se acreditó la suspensión de Rodríguez Flores, quien, hay que señalar, fue uno de los impugnadores de las cancelaciones de los concursos a los que se aludió al principio del comentario.

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Sin una explicación clara en el Presupuesto de Egresos del por qué desapareció el subsidio para organizaciones no gubernamentales que prestaban servicios médicos, educativos y de asistencia social a grupos vulnerables, la supervivencia de casi un centenar de entidades quedó en entredicho para el año entrante.

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Se ha mencionado, sin que aparezcan aún las normas, requisitos y procedimientos respectivos, de que el DIF estatal absorbió ese presupuesto y que será la dependencia la que lo administre.

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Con ello, estas organizaciones pierden su autonomía y se someten a los designios de una instancia superior que,  por lo demás, fue ampliamente beneficiada, con el doble del presupuesto que recibió este año.

Dados los antecedentes de las autoridades gallardistas en el uso clientelar del presupuesto estatal con fines electorales, habrá que estar atentos a cómo utiliza el DIF estatal ese enorme monto de recursos.