El impacto del COVID en la salud y la economía de los potosinos ha sido brutal, pero aún con toda la gravedad que entraña la pandemia, todavía no causa tanto daño como el azote de la delincuencia.
Esa plaga la ha sufrido el estado desde hace años y ha trascendido administraciones federales, estatales y municipales provenientes de todo el espectro político nacional, y todas se han mostrado incapaces de controlarla.
Ni siquiera la pandemia de coronavirus, que metió en sus casas a cientos de miles de potosinos, logró que los crímenes más violentos, los asesinatos dolosos, usualmente ligados a la delincuencia organizada, disminuyeran.
De hecho, mayo ha sido el mes con mayor número de este tipo de asesinatos. El narcomenudeo, otro delito de alto impacto, casi se duplicó en este lapso.
Naturalmente, a menos gente en la calle, otros delitos tenían que bajar, y así fue, el robo, principalmente.
Pero que quede claro, el virus fue el que hizo el trabajo que deberían haber hecho las autoridades.
Y no es que el virus sea un benefactor. También es un asesino y San Luís Potosí se está adentrando en su etapa de mayor actividad… sacando a más personas a la calle.
Quién sabe hasta cuándo las cotas de contagios de esta enfermedad se pongan por debajo de los pronósticos más pesimistas. El último dato indica que se enfilaba al pico de la pandemia con muchos más casos de los previstos.
El semáforo de actividades ha venido jugando a favor del estado gracias a que la capacidad hospitalaria en el estado tiene un buen margen todavía. Pero centrar la apuesta sólo en ese factor, cuando hay otros indicadores, basados en el incremento de incidencias y casos confirmados, es jugar con la vida de miles de personas.
Básicamente, se está propiciando que las personas se sigan enfermando de COVID, esperando que su número no rebase las camas de terapia intensiva y los ventiladores disponibles.
Perder esta apuesta implicará también perder vidas que se podrían salvar manteniendo las restricciones a la movilidad.
A la Secretaría de Salud se le unió la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) en la polémica de los contratos bajo sospecha.
La denuncia de una autoridad ejidal sobre un presunto tráfico de influencias en la asignación de un millonario contrato de una obra vial en la capital, si no del todo ligada a la dependencia estatal, pero de la que tampoco es ajena, presenta el llamativo ingrediente de que a las empresas ganadoras están ligados los vástagos del funcionario.
No es la primera vez que la forma en que la dependencia entrega sus contratos ha sido puesta en entredicho, tanto en este como en sexenios anteriores.
El titular de la dependencia se deslindó de la obra, pero siempre es necesaria una intervención externa para disipar toda duda.
¡HASTA MAÑANA!