Manuel Gerardo Flores, coordinador del Programa de Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para América Latina, puso en apuros a los servidores públicos que son buenos para “la mordida”. Técnicamente salpicó a todos los niveles de gobierno y no dejó a nadie a salvo, a menos que en el uno por ciento de los casos de no corrupción, haya alguno pródigo en políticas de mejora regulatoria en todos sus procesos. Para nadie es un secreto que como dijo el célebre J. Carmen García Vázquez: hay servidores públicos que entran con las manos en las bolsas y salen con las bolsas en las manos.
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La petición de mordida puede ser muy abierta o disfrazada, a fin de cuentas y según lo revisado por el funcionario internacional, es una práctica de todo el mundo y está ligada en cierta forma a una actitud permisiva de los propios gobernantes. Evidencias visibles de la mordida hay pocas, porque el funcionario que la pide y el ciudadano que la da no dejan pruebas tan marcadas. Lo más fácil es conocer que a un servidor público le creció el patrimonio de manera exponencial y no se sabe de dónde salió su riqueza. También se sabe de los moches cuando ocurre una denuncia pública muy visible, como sucedió cuando una importante tienda departamental del país anunció vía boletín de prensa que se negó a instalarse en San Luis Potosí porque alguien le pedía beneficios para su persona. Otro caso, fue una abierta petición de dinero a quien pretendía abrir un negocio llamado Merendero San Pancho.
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Hay quien dice que el dinero y la poca inteligencia no se pueden ocultar. Alguien que crece su patrimonio de manera exagerada, algo tiene que explicar. Sin embargo, es poco probable que el enriquecimiento inexplicable sea detectado si los responsables de aplicar el Código Fiscal diseñan su trabajo operativo para revisar de manera acuciosa a los pequeños contribuyentes y un evasor de gran tamaño, suele ser perseguido solo con fines políticos o porque su opulencia imprevista hace difícil ocultar su escandaloso patrimonio. Hay quienes hasta se van a las más altas instancias judiciales para tratar de impedir que se les cobren deudas de Hacienda.
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Y a propósito de irregularidades, la Contraloría General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para el deslinde de responsabilidades de las irregularidades detectadas en la misma dependencia y las cuales comenzaron con servidores públicos de la anterior administración. Es preciso recordar que el excontralor ejerció el cargo por 12 años. Las irregularidades más graves comenzaron luego de que aparecieron recursos del Fondo de Pensiones que por alguna decisión hasta ahora no aclarada fueron a parar a casas de apuestas en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Cualquier planeador financiero en su sano juicio, habría invertido los recursos en instrumentos bancarios que reporten rendimiento.
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Sin embargo, la Dirección de Pensiones parece no tener características de refugio de buenos administradores. Desde que se tiene memoria, los gobiernos estatales han batallado para cubrir el pago de las pensiones de los trabajadores del Estado y prueba de ellos la incapacidad para cubrir los adeudos con los trabajadores de la educación. Es fecha que nadie ha previsto tapar el hoyo financiero que representa no poder pagar las deudas con aquellos que ya dieron toda su vida en labores productivas en el Poder Ejecutivo del Estado. Y también es fecha de que no concluyen las investigaciones que mantienen en vilo y en riesgo de correr la suerte de Trump, a tres exfuncionarios y a un exdirector de la actual administración.
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¡HASTA MAÑANA!