Para el gobierno del estado, la clave del nuevo plan de restructura de la deuda pública, el plan B luego del naufragio de la idea inicial de contratar deuda por 800 millones de pesos, está en los 15 meses de gracia incluidos en la propuesta de decreto presentada ayer al Congreso del Estado.
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De acuerdo a la cuenta pública del primer trimestre del año del gobierno estatal, el pago mensual de intereses y capital de la deuda pública estatal asciende a 39.8 millones de pesos.
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De ser aprobada la propuesta, durante ese lapso, un año y tres meses, el gobierno estatal estaría exento de pagar esa suma, que al final, sumaría 597 millones de pesos.
El pretexto del préstamo es enfrentar los gastos extraordinarios que ha provocado la crisis sanitaria, pero bajo este esquema de restructuración, la única garantía de que ese fuera el destino de los recursos disponibles es la palabra de esta administración.
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Quién sabe si por coincidencia, ese lapso coincidiría con el final de esta administración, por lo que la reactivación del pago reiniciaría ya en el periodo del próximo gobernador. Se trataría de un muy bien hilado “el de atrás paga”, para el cual, citando la frase del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la crisis del COVID vino “como anillo al dedo”.
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Ese sería un “plus” para la administración del gobierno carrerista, pero más allá de eso, la necesidad de conseguir flujo de efectivo es real y urgente.
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También es cierto que las circunstancias actuales, con una tasa de interés impulsada hacia abajo por el Banco de México, las circunstancias actuales no son lesivas para las finanzas estatales.
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Hay motivo y, con el plan B del gobierno carrerista, hay atenuantes para lograr el menos daño posible a las arcas públicas. Quizá esta sea una mejor alternativa que la malograda propuesta de un crédito directo.
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Lo anterior facilita mucho “vender” la idea de que la medida debe ser aprobada en el Congreso. A ver con qué replica sale la oposición, sobre todo la panista, para negarse.
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Y en tanto, el estado es el que enfrentará el golpe directo de
la pandemia.
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En una muestra más de los vaivenes y sinrazones de la normatividad relacionada con el COVID-19, tenemos la situación en Lagunillas.
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Sin presentar un caso positivo ni colindar con otras localidades con infecciones confirmadas, este municipio de la Zona Media reúne los requisitos emitidos por el gobierno federal para ser considerado “Municipio de la Esperanza”, con lo que estaba facultado para reanudar las actividades normales.
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Sin embargo, la localidad fue excluida del listado con el argumento, según la secretaria de Salud, Mónica Rangel, de que su población es vulnerable por la movilidad generada por su cercanía con Ciudad Fernández y Rioverde.
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Sin embargo, esa causal no se encuentra entre los lineamientos federales necesarios para ser considerado municipio en el que se pueden reanudar las actividades. Las dos únicas son las ya referidas.
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En la práctica, la decisión puede resultar beneficiosa para la población de ese municipio, que no se expondrá a los contagios.
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Pero la decisión refleja el caos que se vive en la normatividad necesaria para controlar y la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno del estado y a las alcaldías.