Con mucho, el proyecto para alimentar de aguas superficiales cuatro municipios del Bajío, dejó mucho qué desear y también heredó un problema gigante para las ciudades que se comprometieron a recibir el suministro de la presa El Realito, ideada en los tiempos de Vicente Fox Quesada para dotar miles de viviendas en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, en este estado y del lado sur, las cabeceras de San Miguel de Allende y Celaya en Guanajuato. Para ello, era necesario crear un embalse con capacidad inicial de 50 millones de metros cúbicos, producto de los escurrimientos de la serranía de Villa de Reyes y Santa María del Río, es decir, aguas pluviales que se generan en territorio potosino.
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El proyecto como tal es prometedor, si se considera que es muy urgente disminuir la extracción del agua subterránea a su mínima expresión, si no se quiere ver a futuro un deterioro muy brusco del suelo urbano, en forma tan agresiva como ocurre con otros usuarios, tales como la agricultura en gran escala y empresas que por el tipo de producto que elaboran requieren de grandes volúmenes de líquido para el desarrollo de sus procesos y no pueden usar agua residual.
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Sin embargo, constructores, proveedores de materiales, auditores de obra y los gobiernos que han pasado desde la construcción del acueducto, parecen haber seguido un procedimiento similar al que conocemos de destacados funcionarios federales que ordenaron en su tiempo y como gobernantes de la Ciudad de México la construcción de la Línea 12 del Metro. Escogieron tubería de mala calidad, probablemente más barato de lo que aparece en los libros contables y poco resistente a la presión de un metro cúbico de agua por segundo, que circularía en la máxima potencia, por el acueducto construido y puesto operar en enero de 2015.
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Justo cuando ocurren accidentes que traen graves consecuencias para ciudadanos inocentes es cuando reflexionamos sobre la negligencia criminal de desarrollar proyectos que no funcionan y dejan a la gente con el daño en la mano. Así ocurrió con la Línea 12 y el grave accidente y así sucedió también con aquellos que, desde un escritorio, probablemente con redes de complicidad, escogieron la proveeduría de tubos para el acueducto, que las 25 veces que se ha reventado (cuatro de ellas en la administración municipal capitalina 2015-2018, 21 en la actual y de estas últimas, tres en apenas 12 días).
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La presa El Realito se ha convertido en un barril sin fondo, donde el Interapas, como organismo operador metropolitano, la Alcaldía de la Capital, la Comisión Estatal del Agua e incluso la Comisión Nacional del Agua, han gastado cantidades millonarias en la distribución de agua a las colonias afectadas por las interrupciones del servicio. Incluso probablemente volverá a ser necesario equipar los pozos de la zona termal de San Leonel, en el sur de la capital potosina, para sustituir el agua de una presa de aportación de generosa, pero muy cara y de remate condicionada a los graves problemas que genera la acción omisa o dolosa de quienes debieron vigilar la durabilidad de los materiales.
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Mientras ello ocurre en el agua, todo parece indicar que el Instituto Nacional Electoral no encontró evidencias de rebase de topes de campaña de los candidatos a la gubernatura en las 15 entidades federativas en juego. Por lo menos a decir del consejero Ciro Murayama Rendón, el proceso fue tan revisado, que hay dictámenes que dan cuenta de gastos extras, pero ninguno de ellos de candidatos a la gubernatura. O hay candidatos que recibieron presupuesto abundante o quién sabe de dónde sacarían, por ejemplo, para rentar un bonito helicóptero rojo y acudir por numerosos vuelos de taxi aéreo a las zonas rurales más alejadas para pedir el voto para la gubernatura.
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¡¡HASTA MAÑANA!!