Conforme el tema del litio como material esencial de la industria en el mediano y largo plazo va cobrando relevancia, las autoridades de todos los niveles deberían ir previendo una agenda de riesgos y oportunidades que se podrían generar.
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El conflicto en Cerro de San Pedro, desatado por la operación de la Minera San Xavier es una buena muestra de lo que sucede cuando la planificación es inexistente.
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El gobierno panista de Marcelo de los Santos tuvo uno de sus mayores conflictos en este municipio, ante su incapacidad de escuchar a la población y a los ambientalistas y favorecer a la compañía canadiense.
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El resultado hoy es un municipio depredado, conflictos legales entre autoridades y la minera y la pérdida de bienes culturales. En contraparte, los beneficios para el estado son más bien nebulosos.
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Ahora, la plata y el oro dan paso al litio. Y Cerro de San Pedro, a los municipios del Altiplano.
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El potencial ya es conocido: el arribo de la producción de autos eléctricos a México, aquí BMW y Tesla en Nuevo León, abre una importante demanda que, por lo que se sabe, se proyecta sea abastecida desde el extranjero. Pero indudablemente, existe la posibilidad de un gran negocio para quien logre una explotación comercial del mineral.
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La contraparte es que, como toda actividad minera, la explotación del litio cobra tributo al entorno ecológico. En este sentido, el riesgo ambiental más evidente es el uso de una cantidad importante del agua en una zona en donde ya de por sí es escasa. El hecho de que en el área de los salares con potenciales depósitos de litio estén desperdigadas poblaciones de diverso tamaño complica más la situación.
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Habrá que esperar que desde ya, las autoridades realicen acciones para balancear el interés económico y el derecho humano del acceso al agua.
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Que a algunos alcaldes les preocupó la amenaza del Ejecutivo de condicionar a la certificación de sus policías municipales la entrega de recursos para obra pública.
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Sin embargo, habrá que ver cómo hace el Ejecutivo para imponer el castigo, toda vez que se trata de rubros totalmente diferentes.
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Más aún, al ser la mayoría de los recursos que se entregan a los municipios de origen federal, y en un buen porcentaje están etiquetados, no parece viable usarlos como palo o zanahoria para los ayuntamientos.
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Eso no quita que la falta de certificación es aún una nota pendiente en varias alcaldías, pero la forma de “incentivarla” que se propone desde Palacio parece una ocurrencia. Otra más.
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El comparativo que hace BBVA de los montos que reciben los estados por remesas y por inversión extranjera refuerzan la idea de que las entidades deben buscar maneras de potenciar los beneficios de la ingente masa de dinero que representan los envíos de los paisanos.
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Algo impresiona que en el caso potosino, la población originaria de este estado hayan enviado en 2022 cinco veces más dólares que toda la inversión extranjera recibida por la entidad en el mismo lapso.
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Así se dimensiona que las remesas son, con mucho, la principal fuente de entrada de recursos al estado. Pero a diferencia de la inversión, su influencia se diluye al ser un mero modo de subsistencia de miles de potosinos.
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¡HASTA MAÑANA!