Tibia, fue la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, quien se enfrentó a diputados a modo, y después se retiró en medio de un teatro donde sus colaboradores la rodearon como séquito presidencial para ir del auditorio Manuel Gómez Morín hasta su camioneta. El teatro incluyó una persona que le reclamaría omisiones que vienen cargando como cruz pesada, desde el más ingenuo hasta el más deshonesto y prepotente de sus antecesores. Por los alrededores había quién discutía en una arena pública supuestas compras de caballos, pero el teatro montado para Leticia Vargas, le sirvió para salir aislada hasta de los periodistas que le cuestionarían la falta de transparencia en sus obras.
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Esta vez no hubo quién la exhibiera por cifras que no cuadran y calidad de infraestructura que no checa entre las apariencias de colores bonitos y el deterioro prematuro de materiales, ni siquiera se le ubicó entre las que se encuentran en capilla, como el director del Instituto Potosino del Deporte, Joaquín García Martínez, acorralado por los peligrosos desvaríos de sus subordinados, su actuar excesivo contra una funcionaria que por cierto enfrenta una queja ante la decorativa Comisión Estatal de Derechos Humanos por amenazas contra una deportista que se fracturó en una actividad juvenil, y las críticas a los amigos con los que se junta.
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A propósito de pronunciamientos que pueden resultar poco apropiados para el contexto, Juan Carlos Gómez Cedillo se suma a los servidores públicos que a través de las décadas han pugnado por fijar límites al derecho a la libre expresión y a la libre manifestación, es cierto que hay grupos de inconformes que utilizan métodos que afectan a terceros, sin embargo, el derecho a la libre organización y manifestación se pone sobre la mesa justo ahora que se encuentra en discusión el proyecto de reforma judicial, que los expertos en el lenguaje y la práctica jurídica, advierten como de alto riesgo y violatorio de derechos humanos.
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Quizá este es un tiempo inoportuno para someter a la discusión el tema de la regulación de manifestaciones, hay temas todavía más trascendentes, como el progresivo deterioro de la seguridad pública, una economía que empeora, la mala calidad de los servicios públicos, la demagogia de servidores públicos, el sistema de justicia que en poco se distingue del tradicional inquisitivo, los conflictos y la corrupción institucional de algunos servidores públicos, el agua, la mala educación general y cívica, los servicios públicos elementales, y el ya muy amenazado andamiaje jurídico de los derechos humanos
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Un boletín de prensa difundido por el Ayuntamiento de la Capital este martes por la tarde, dio a conocer sanciones e inhabilitaciones a funcionarios públicos, ligados a la operación del antro Rich, mientras al gobierno del estado se le ha ido en puras promesas, casi de inmediato y a partir de que ocurrió el incidente, parecía tener más prisa de culpar al vecino de enfrente que iniciar las investigaciones de acciones y omisiones. Sin embargo, acciones jurídicas y administrativas, grillas, dimes y diretes, ninguna acción es suficiente para alguien que no va a recuperar a sus hijos fallecidos en el accidente del 7
de junio.
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¡¡HASTA MAÑANA!!