Ayer fue un mal día para el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), y para su presidenta, Guadalupe Cervantes Gamboa.
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Además de la cascada de quejas de alcaldías afectadas en sus finanzas por las decisiones en los laudos, de la presidencia municipal capitalina, que ha salido relativamente indemne de los laudos, y del Congreso también salieron quejas y llamados a la dependencia.
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Destaca lo dicho por el diputado Mauricio Ramírez Konishi, presidente de la Comisión de Gobernación, en el sentido de que haría un llamado para que el tribunal no se extralimite en sus funciones.
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La funcionaria, como era de esperarse, se exculpa y se niega a aceptar irregularidades en los laudos. Reacción de manual.
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Y encima, está el alto grado de opacidad con el que se maneja el Tribunal. Desde el día 10 de febrero, todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia deberían presentar completos sus datos del primer bimestre de 2020.
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El TECA no sólo no ha incumplido esa obligación. De los doce meses del año pasado, sólo en cinco de ellos, el Tribunal presentó información.
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Ahí, la dependencia de Cervantes Gamboa no tiene disculpa. Simplemente ha incumplido y debe corregir de inmediato.
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La efervescencia electoral empieza a gestarse en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Algunos aspirantes han empezado a expresar sus deseos de contender para suceder a Manuel Fermín Villar Rubio, al grado de pedir la posibilidad de un debate.
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De nueva cuenta, la principal institución académica del estado está ante la posibilidad de abrir su procedimiento interno y de transparentar la sucesión.
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El secretismo y la cerrazón ya no pueden ser las divisas en la UASLP. La autonomía es un derecho de la universidad, pero también le debe apertura a la sociedad a la que pertenece.
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Y ante las críticas del arzobispado sobre la situación de la inseguridad en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública hizo lo que mejor sabe: escurrir el bulto.
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Su titular, Jaime Pineda evadió los cuestionamientos sobre un violento fin de semana, otro más, señalando que por sus “complicaciones”, son investigados por la Fiscalía General del Estado.
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Remató con el ya muy usado estribillo: se sigue trabajando en la seguridad.
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La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado aprobó gastar 4.3 millones de pesos para la realización de los foros de consulta indígena.
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Si la respuesta ciudadana de estos foros es igual de desairada que la de los foros electorales, sería mejor que los diputados piensen otra manera de recoger la opinión ciudadana.