En el periodo de Marcelo de los Santos Fraga en la gubernatura del Estado y el sexenio de Vicente Fox Quesada, a petición del primero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó por licitación pública, un contrato plurianual para el mantenimiento de la Carretera 57, en su tramo de los límites con el estado de Guanajuato en el municipio de Santa María del Río y el tramo que llega hasta los límites estatales en el norte de la entidad. El contrato sería reasignado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, para cumplir el objetivo de mantener esa vialidad en condiciones transitables.
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La constructora tiene bajo su responsabilidad la reparación de los tramos que van sufriendo daño, como parte del cumplimiento de compromisos derivados del mantenimiento de vialidades federales, para dejar la principal carretera del país en condiciones de soportar el tráfico, acelerado con la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y ratificado en los términos del tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
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A través de los años, el contratista utilizaba pequeñas partes de carril para reparar la superficie de rodamiento y el resto de la carretera se mantenía intacto, para permitir la continuidad del tránsito vehicular. Tal vez se requería un poco de más tiempo, pero la carretera se soportaba en condiciones de circular y los responsables del mantenimiento desarrollaban su tarea procurando no afectar la mayor parte del tráfico. Así era por entonces, pero ahora el crecimiento del parque vehicular hace insostenible la labor
de mantenimiento.
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Un proyecto de ampliación de las vialidades de cuota, permitirá desahogar parte del tráfico a través de una vía paralela, que partirá de los límites con Guanajuato hasta las empresas del cluster automotriz de San Luis Potosí, y probablemente para conectar con el Libramiento Oriente. ¡Bingo!. La mala noticia radica en que esa nueva vialidad será de paga, pero facilitará las condiciones para desviar el tráfico, cuando la carretera libre sea insostenible.
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Mientras ello ocurre, el tramo carretero en reparación es un nicho de oportunidades de desarrollo económico de pequeños vendedores ambulantes, que hasta chicles ofertan, mientras miles de automovilistas pierden tiempo y dinero, en medio de la falta de apoyo logístico para desviar rápido el tráfico.
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Mientras nuestras carreteras colapsan, también se empieza a sentir el temor al futuro por el fondo de Pensiones del Estado. El candidato a la dirigencia local de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Francisco Javier Rico Ávalos, advierte que, durante la gestión del actual delegado en funciones, se perdieron las condiciones de transparencia y claridad en la información, luego de que el ahora fallecido Alejo Rivera sí informaba de los fideicomisos. De pronto, ya no se supo de los fideicomisos propiedad de los profesores y el uso que se les daría.
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No es todo. En el caso de los profesores de telesecundarias, Noé Rodríguez García, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), vino a San Luis Potosí para tratar de destrabar en las negociaciones, el problema que representa la falta de recursos para el pago de las nóminas y recordar que se debe revisar el histórico del destino que pudo haberse dado a los recursos.
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Las pensiones representan algunos de los problemas más delicados de la administración pública y a nivel estatal se agravaron cuando el Gobierno Federal transfirió a la entidad la responsabilidad de pagar ese fondo y los sueldos. El funcionario sindical también considera necesario hacer transparente el manejo de los fondos. Total, por todos lados falta transparencia, que debe retomarse, por el bien
del magisterio.
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¡¡HASTA MAÑANA!!