Los datos del diagnóstico penitenciario recién publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reflejan que vicios tan perniciosos como la violación de los derechos humanos y el autogobierno de reos persiste en los penales de la entidad.
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Las administraciones pueden cambiar, pero las deficiencias, fallas e injusticias en las cárceles potosinas trascienden
las administraciones.
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Así, en la primera evaluación que le toca completa a la presente administración, las cárceles potosinas presentan un retroceso en la calificación obtenida en 2021.
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Destaca que el autogobierno no ha podido ser erradicado de La Pila, ni otras situaciones relacionadas con el estado de
las instalaciones.
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Por otro lado, la CNDH confirmó las causas por las que el penal de Matehuala fue cerrado. Reprobó todos los indicadores medidos y obtuvo una de las calificaciones más bajas entre los penales de todo el país, si no es que la peor.
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En ese sentido, el camino para el sistema penitenciario de la entidad está cuesta arriba.
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Ahora que el proyecto de municipalización de Pozos parece tener una repentina unanimidad, y hasta se disputan el mérito de la idea, resultará interesante saber quién va a asumir el costo de 32 millones de pesos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) calculó para realizar el plebiscito necesario para completar el proceso.
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No hay que descartar que el Congreso, el ayuntamiento y el gobierno del estado se desentiendan y le arrojen a la autoridad electoral la responsabilidad
del financiamiento.
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Pero hay que recordar las penurias financieras en las que ha caído el consejo, a causa, en buena parte, por la tardanza del gobierno estatal para entregar las ministraciones presupuestales.
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Así que si urge concluir con la municipalización de Pozos, la cuestión financiera deberá ser solventada rápidamente.
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Gran estrategia la del Congreso del Estado la de anunciar que un funcionario será despedido… en cuanto termine las sensibles labores que tiene por delante.
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Es el caso de Luis González Macías, coordinador jurídico del Legislativo, que tiene en sus manos el problemático proceso de la Ley de Movilidad, cuya tardanza ya mereció un fallo judicial en el que se apremia a los diputados a enmendar el excesivo retraso en la aprobación de dicha norma.
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Al funcionario se le achaca la omisión que provocó que, en otro proceso distinto, varias diputadas fueran sancionadas económicamente. Por eso se la están cobrando.
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Ahora González Macías sabe que cuando termine su trabajo actual, estará despedido. Podría tardarse lo que deseé e incluso pensar en la estrategia de una demanda laboral.
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¡HASTA MAÑANA!