El señalamiento de hace unos días, hecho en este espacio, de que la UASLP es una instancia que no debe pensarse exenta del escrutinio de la opinión pública ante situaciones polémicas cobra vigencia ahora que surgieron cuestionamientos sobre la legalidad del grado académico de la abogada general Urenda Navarro Sánchez.
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Hay material para la polémica. Navarro Sánchez se ha posicionado, por mérito propio, como una figura relevante en el ámbito de la protección de los derechos humanos, especialmente al interior de la UASLP.
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Se ha posicionado también como un referente en la lucha feminista en el estado, resaltando que ha llevado a la luz una realidad incómoda al interior de la institución: la incidencia del acoso sexual en el campus.
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Por eso sorprende la circunstancia expuesta sí, por un grupo no identificado, pero que maneja datos oficiales auténticos: no hay evidencia documental de un título que acredite sus estudios de doctorado, un grado que ella y la UASLP han manejado oficialmente de manera abierta.
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Tras esa inicial surgieron más datos, también oficiales, que apuntan a una situación muy incómoda: Urenda Navarro ostenta un grado que no ha acreditado. Y no sólo eso, sino que al no haber aprobado el curso, convirtió el apoyo monetario conseguido con la SEP, de 421 mil pesos, en un pasivo para la UASLP. Además, otros cien mil pesos están considerados como adeudos por omisiones atribuidos al cierre de dos proyectos financiados con recursos públicos.
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El hecho de que la misma funcionaria ha plasmado el título de doctora antes de su firma en diversos documentos oficiales de la UASLP, incluyendo una tesis que dirigió cuando apenas iniciaba el curso, pone en tela de juicio la honestidad intelectual de la funcionaria, que debe ser inherente al cargo que hoy tiene.
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La UASLP también tiene responsabilidad, por las señales cruzadas que envía cuando en sus contenidos, informaciones y documentos oficiales, documentales y mediáticos, presenta a Urenda Navarro como doctora, mientras que en otros espacios la trata como “doctorante” un término que es una descripción, no un grado académico.
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Ambos, institución y funcionaria, han perdido en varias ocasiones la oportunidad de aclarar la situación, pero en las decenas de entrevistas y eventos oficiales en los que ha sido presentada como doctora y ella ha dejado pasar el gesto sin la obligada aclaración.
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Dicen que en la academia prima la buena fe cuando alguien se presenta con un grado académico antes de su nombre. Nadie le pedirá a alguien que respalde su dicho con un título académico.
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Pero eso no debería dar luz verde a la falta de ética y honestidad intelectual que implica presumir un grado académico que no se tiene.
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Y ojo, no está a discusión el conocimiento de Navarro Sánchez en los campos que domina. Ha demostrado que lo tiene. Pero hay requisitos inevitables y límites claramente establecidos sobre lo que es incorrecto y hasta ilegal.
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Después de esto, la funcionaria queda tocada, pues la autoridad moral de su cargo queda seriamente erosionada. En ese sentido, la UASLP parece obligada a evaluar la conveniencia de sostenerla. Habrá que ver si la Rectoría está dispuesta a pagar el precio que implicaría no hacer esta evaluación.
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¡HASTA MAÑANA!