El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo ya su parte por lo que toca a las sanciones aplicables al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por violaciones a la Ley electoral. De hecho, podría hacerlo dos veces, pues ya son un par los procesos en los que encontró al potosino como infractor de las normas electorales.
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Pero se anticipa que no será de mucha preocupación para el mandatario potosino, que ya dijo que no le daba importancia a la sanción y que la consideraba equivocada.
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Y poca más preocupación tendría de que el Congreso potosino, al que el tribunal le delegó la aplicación de una sanción, lo tratara severamente.
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Las cosas podrían cambiar en el 2024, pues una de las consecuencias de ser incluido en el padrón de infractores del TEPJF es perder la elegibilidad para un cargo público. Esto afectaría si el mandatario quisiera continuar su carrera política en otro cargo electoral.
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Ningún gobernador de los años recientes ha continuado en otro cargo electoral, pero en el PVEM asumen que Gallardo Cardona podría ser una carta para Palacio Nacional. En ese caso, la sanción sí cobraría peso.
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Por las reacciones de uno de los pocos priistas que detentan una posición de peso, por su cargo actual, únicamente, el diputado local Alejandro Leal Tovías, parece que la firma del líder estatal del tricolor, Elías Pesina, en el desplegado de “respaldo total” al dirigente nacional Alejandro Moreno, fue una decisión unilateral.
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Que se pidan informes sobre la reunión en la CDMX entre la cúpula tricolor hace ver que el acuerdo no es totalmente unánime.
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Y hablando del Congreso, la ineficiencia de la actual Legislatura quedó exhibida por un documento del propio Poder.
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Si ya enfilándose a su primer año de la Legislatura, apenas se han procesado una de cada cinco, queda claro que hay un problema de productividad.
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Junio está volviéndose uno de los meses más violentos del año, si no es que el más. Ejecuciones, secuestros y masacres se han presentado a lo largo de este mes.
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En Estados Unidos no pierden esto de vista. No por nada, el Departamento del Estado reafirmó que sus ciudadanos deben extremar las precauciones si visitan la entidad.
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Pero desde ese país viene una explicación sobre el por qué del brote violento que está azotando al estado. Un reporte del Servicio de Investigación del Congreso titulado “México: crimen organizado y organizaciones de tráfico de drogas”.
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El reporte, que reprocha la inacción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la delincuencia organizada, presenta algunos mapas que muestran la influencia de los grupos delictivos y los conflictos entre ellos.
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Lamentablemente, San Luis es uno de los escenarios de estas luchas. Peor: el estado enfrenta la violencia en dos pistas. Una es la que generan los cárteles tamaulipecos que una vez fueron aliados y se volvieron enemigos.
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Pero también es una de las entidades en las que no hay una dominancia delictiva, coexistiendo las organizaciones de Jalisco
y Tamaulipas.
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¡HASTA MAÑANA!