Cuatro momentos que describen la espiral que llevó a San Luis Potosí al año con mayor número de denuncias por delitos en 23 años.
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1997: el año en que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) empezó a contabilizar la incidencia delictiva en el país y en los estados. Ese año inaugural, cuando gobernaba Fernando Silva Nieto, San Luis Potosí registró 33 mil 129 delitos y se ubicaba en el sitio 16 entre las entidades del país. A la mitad, exactamente.
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2016: el primer año completo del gobierno de Juan Manuel Carreras López. Dejó menos denuncias que en 1997: 28 mil 613 delitos. Se ubicó en el sitio 22 de incidencia en los estados, es decir, casi entra en el top ten de las entidades más seguras.
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2018: dos años después, ya se perfilaba el desastre. 38 mil 362 denuncias, San Luis era el décimo noveno estado con más delitos.
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2019: por primera vez, el estado rebasó los 50 mil delitos y cayó en el otro extremo de la tabla en sólo tres años. Es el décimo segundo estado con mayor número de denuncias registradas y está por encima de entidades en los que la inseguridad era considerada icónica: Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Veracruz y hasta Tamaulipas.
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El catálogo de excusas delas autoridades se agotó: percepción aumentada por las redes sociales, operación de bandas foráneas, el creciente número de reos salidos de las cárceles potosinas.
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O quizá se trata de una combinación de todos esos factores, pero lo que no se admite es que el modo en el que las autoridades locales atacan el problema no ha dado resultados. La estrategia es inoperante, no ha podido cumplir con el compromiso de devolver la seguridad a los potosinos y, al no hacerlo, los pone en riesgo.
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Le quedan dos años de gobierno a Juan Manuel Carreras, en la práctica, un año de control completo, antes de que el proceso sucesorio diluya su influencia.
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El tiempo se acorta y con ello, el riesgo de que su legado sea un estado más inseguro del que recibió.
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Los alcaldes de la zona metropolitana también son corresponsables del desastre, los que han estado y los que están ahora. Algunos de ellos, también buscan trascender en sus carreras políticas. No les conviene, tampoco, que el sello de su paso por las alcaldías sea el haber permitido el crecimiento de la actividad delictiva en el estado.
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El incumplimiento legal se suma a la lista de anomalías de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH). El organismo, desde su polémica creación, no ha cumplido con la obligación de crear el Consejo Consultivo Municipal, pese a que desde el 1 de enero debía haber sido instituido.
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Para una instancia que ha resaltado que su tarea es hacer cumplir los reglamentos, esta situación le quita autoridad para continuar sus exigencias.