De transparencia, por décadas las legislaturas potosinas han dejado mucho que desear. Con la salvedad de esfuerzos aislados la mayor parte de los integrantes de los congresos desde legisladores hasta funcionarios por designación, no llevan entre sus mejores aspectos de las cartas de recomendación el hecho de ser abiertos a la información pública.
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De hecho, la única transparencia que existe por lo general es forzada por la oposición de diputados que tienen acceso a los datos de sus colegas. Por los oponentes se sabe de nóminas abultadas, del escaso trabajo legislativo del otro, de gastos del presupuesto público para comprar chocolates en cantidades industriales o calzoncillos cargados a la cuenta de las comisiones legislativas, de aviadores y de aumentos injustificados de sueldo o pagos generosos a servidores públicos que no rinden.
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La falta de transparencia es cotidiana porque el trabajo legislativo se contaminó de redes de complicidad para usar el dinero libremente y sin rendir cuentas. La transparencia se ha estancado, porque como dijo alguna vez el entonces diputado local y extraordinario abogado J. Carmen García Vázquez, a los diputados suelen separarlos las ideas, pero mantenerlos unidos el presupuesto. Algunos entran “con las manos en las bolsas y salen con las bolsas en las manos”.
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De la actividad legislativa, la transparencia es forzada por el escrutinio ciudadano. La tarea de revisión constante de la organización civil Congreso Calificado, mantiene en vilo a los diputados, que no ofrecen alternativas de mejor presentación de su trabajo a través de resultados en las comisiones legislativas, en los dictámenes aprobados y en los efectos útiles de los decretos expedidos por el Poder Ejecutivo a partir de su trabajo.
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El trabajo legislativo en lo oscurito, revela que de ninguna manera la transparencia es una concesión graciosa ni una muestra de interés, sino una obligación de los servidores públicos que parece espantar a los legisladores locales. Dar luz a la información pública les da pánico. Para muestra, basta con decir que sólo cinco diputados mantienen pública su Declaración 3 de 3, y los restantes 22 dejarán el cargo En medio de un patrimonio oscuro, una relación sospechosa por opacidad con algunos intereses, y un estatus hacendario desconocido.
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De la utilidad de sus productos legislativos, la ciudadanía disfrutará o padecerá los efectos de la entrada en vigor de iniciativas legislativas que sólo la práctica puede determinar si aportaron algo a la reorganización social, o únicamente justificarán el desquite del sueldo de un legislador.
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De la Secretaría de Salud federal a las 32 entidades federativas y los casi 2 mil 500 municipios del país, todos en la Cuenta Pública 2020 de ejercicios presupuestales federales y locales, arrojarán para el año próximo gastos por cantidades multimillonarias en asignaciones directas relacionadas con la pandemia de coronavirus Covid-19. Se trata de una guerra inusual contra un virus que por primera vez causa una mortandad mayor a cualesquiera otras pandemias conocidas hasta ahora en tan corto tiempo.
Por supuesto, la indisciplina de emergencia será materia de análisis para verificar en qué medida, la pandemia de las asignaciones directas se realizó de buena o mala fe. Todo se verá en la ruta del dinero, de la legalidad de la constitución de las empresas proveedoras, y en las ganas de los adversarios de ajustar cuentas a alguien, por cualesquiera antecedentes de los que se trate.