En una ciudad que todavía se sacude por las consecuencias del caso Rich, el tema de la venta de alcohol es, necesariamente, centro de debates.
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Algo que destapó el terrible accidente ocurrido en junio de 2024 fue la serie de anomalías en las que incurrieron los propietarios del antro y las graves omisiones de los funcionarios estatales y municipales en materia de permisos, vigilancia y protección civil.
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En este escenario, el gobierno del estado anunció una serie de medidas que flexibilizarán los trámites de licencias para establecimientos de venta de alcohol, tanto en botella cerrada como en sitios de consumo.
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Concretamente, se trata una agilización de los tiempos de emisión de licencias y la eliminación de algunos requisitos en materia de permisos y de autorizaciones de protección civil.
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La justificación de las medidas es reducir la tramitología para mejorar del clima para la inversión en la entidad y homologar la legislación potosina con la normatividad nacional e internacional.
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Pero el de la venta de alcohol no es un negocio cualquiera. Se ha relacionado directamente con incidentes que han costado vidas en incidentes violentos o en accidentes de tránsito. También ha trastocado la seguridad pública en la zona metropolitana.
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Se entiende que el Estado promueva un clima propicio para la inversión, pero en este caso, las autoridades deberán lograr un equilibrio preciso entre los negocios y la garantía de que los derechos a la ida, a la integridad y a la propiedad de la población no se verá afectada.
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Se está desarrollando otro choque declarativo entre el Instituto de Fiscalización Superior del estado (IFSE) y el ayuntamiento de la capital.
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Hace unos días, el órgano fiscalizador reveló un presunto robo hormiga en los ingresos de los parquímetros, que se detectó, según el titular Joaquín Lecourtuois López, a tráves de una revisión manual de cada uno de los recibos emitidos por las máquinas, que ascendía a 400 mil pesos.
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El alcalde Enrique Galindo salió a desmentir la cifra, señalando que si bien sí hubo diferencia, esta era de un monto significativamente menor, 170 mil pesos, un monto, comparativamente, menor con respecto al monto total de recursos que maneja el ayuntamiento.
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El edil señaló que la observación no era definitiva aún, algo que el auditor también señaló cuando hizo la revelación.
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Parece que estamos ante un episodio de golpeteo institucional derivado de la fiscalización de las cuentas públicas.
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Este caso y el de la revelación de que la UASLP acumula mil 800 millones de pesos en observaciones, al ser ambas instancias blancos favoritos del gallardismo, van en desdoro de la instancia fiscalizadora, que la hacen ver como ariete del grupo político dominante contra sus adversarios.
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Si en realidad se buscara claridad y transparencia, el IFSE debería de revivir la práctica de hacer públicos los informes finales de auditoría cuando los entrega al Congreso.
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Eso se hacía antes, hasta que, alegando tiempos establecidos en la normatividad, esos reportes no se pueden consultar sino hasta ya avanzado el año entrante, cuando los diputados aprueben los informes finales.