Entre el ayuntamiento de la capital y el gobierno estatal, llevan gastados 86.1 millones de pesos para actividades relacionadas con la transmisión de los juegos del Mundial 2026.
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Ambos gobiernos se suelen acusar mutuamente por distintos motivos, pero los hermana el hecho de que desperdician con entusiasmo una buena cantidad de recursos del erario en una actividad que no generará el más mínimo beneficio para la ciudadanía.
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Todo por la egocéntrica creencia de que pasar los partidos en pantallas gigantes en el estadio Lastras y la Plaza del Carmen les va a generar votos en los comicios de 2027.
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Tan sintonizados en esa idea están el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo Ceballos que hasta coincidieron en los mismos proveedores, a los que canalizan decenas de millones de pesos.
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Al menos esto da una remota doble oportunidad de que alguno de los dos gobiernos explique por qué eligieron a dos empresas que no tienen relación con la televisora que tiene los derechos de transmisión o con la propia FIFA.
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El uso de intermediarios, en especial uno que empezó siendo una empresa textil y apenas en este año cambió su objeto social para dedicarse a la organización de eventos deportivos, resulta sospechoso.
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También queda en el aire si esos casi 90 millones de pesos será el costo definitivo. Es la suma que se conoce actualmente, entre lo informado por la alcaldía y las facturas obtenidas por este medio. La presidencia municipal reveló que pagó casi 14 millones de pesos por hasta 52 partidos.
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El Inpode, dependencia que asumió el pago, no revela por cuántos partidos pagó casi 70 millones de pesos. El Mundial presentará 104 partidos. Por el bien del erario, ojalá y esa sea la suma definitiva.
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Pero explicaciones aparte, no hay que dejar de señalar el enorme exceso en que incurren ambas administraciones al derrochar millones en una acción de escasa utilidad.
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Tras la sorpresiva visita presidencial del domingo, parece que entre lo que no se llegó a un acuerdo fue en salvar la alianza de Morena y el Verde para San Luis Potosí.
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La senadora Jasmine Bugarín confirmó que no hay cambios en la exclusión de San Luis, la única, en las candidaturas para la gubernatura de 2027.
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Este asunto tiene la pinta de que un cambio será absolutamente sorpresivo.
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En plena guerra propagandística entre la alcaldía y el gobierno del estado, la policía municipal le metió un autogol totalmente innecesario al alcalde Enrique Galindo.
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Justo cuando se presentaba como el defensor de garantías, el alcalde pasó a tener que disculparse con una activista de derechos humanos, la abogada Celia García, ante la andanada de críticas que generó su detención.
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Muchas de éstas, hay que decirlo, fueron generadas por páginas y cuentas anónimas adversas al alcalde; justo como el refuego que recibió el gobierno gallardista con el asunto de la Ley Serrano.
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Es decir, la alcaldía y el gobierno estatal se quejan de la guerra sucia, pero ésta no baja un ápice