Un abogado advierte que las deficiencias en la investigación del delito tienen que ver con la Policía de Métodos de Investigación, pero también explica por qué.
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Parece casualidad, pero en la insana costumbre de revisar las cosas “por encimita”, los diputados federales reformaron en su tiempo el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para endosar al Ministerio Público la responsabilidad de la investigación en el nuevo sistema penal acusatorio.
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Lo cierto es que si bien la Policía de Métodos de Investigación depende de esa instancia, no hay algún inciso, apartado o párrafo que indique, que esa obligación inconstitucional corresponde precisamente a la policía y que el sector público estará obligado a proveerle de los recursos para desahogar esa tarea.
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Este es apenas uno de los ejemplos, de que los diputados parecen tener amor a las cosas mal hechas, mal planeadas, o elaboradas a la carrera y sin estudio suficiente.
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Es verdad que la cultura de la no denuncia; la pereza, en su caso irresponsabilidad o a veces protección del Ministerio Público, la falta de medios de prueba y la ausencia de recursos materiales, financieros y humanos, son grandes responsables de la impunidad que mantiene 90 de cada cien delincuentes sin siquiera haber pisado una mesa de Ministerio Público.
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Sin embargo, cuando la raíz se encuentra en la norma, al delito impune tiene su propia explicación jurídica.
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Se avecina una situación terrible en los municipios del Altiplano Sur y el Altiplano Oeste, si el clima no favorece lluvias en próximas fechas. Por casi dos décadas, en forma constante, avecindados, ejidatarios, comuneros y pobladores, han puesto de relieve el grave problema agrícola que sufren año con año, por la falta de lluvias que les afecta en la producción, y una espiral de problemas que ha creado la pretendida metodología de solución a las condiciones de abandono, marginación y pobreza que vive la gente en el campo.
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De esa metodología fallida nadie se salva, ni la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ni la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
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En todos los casos, han trabajado con programas sociales que más bien parecen clientelares, porque no han resuelto en definitiva la sostenibilidad de la producción agrícola y ganadera, y sí en cambio han implantado con su propio sello, programas de caravanas de dinero que en poco resuelven la crisis que representa contar con fondos catastróficos insuficientes para comprar semilla y peor aún, casi nulos para pagar combustibles, maquinaria y trabajadores.
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Es la parte del México olvidado que ni por asomo es una prioridad de los gobiernos de todos los partidos políticos que han pasado por el Palacio Nacional.
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La tragedia agrícola y ganadera del Altiplano, debió formar parte de la agenda institucional del gobierno federal actual desde un principio. Las previsiones financieras para apoyar al campo eran más urgentes que demoler un aeropuerto de costo multimillonario y construir otro, crear un Tren Maya que de todos modos el Poder Judicial ha parado por el daño ambiental que sorprende a la selva, y una refinería de combustibles fósiles que con la llegada de los vehículos eléctricos, habrá quedado obsoleta.
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México está pagando el precio de dar su voto de confianza para la Presidencia de México, a grillos de garrote y no a expertos en el rescate de un país agobiado por crisis recurrentes de gobiernos de todos los partidos.
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¡HASTA MAÑANA!