El gobierno del Estado ya tiene reservado en sus escritorios el borrador de la que será la Ley Seca de aplicación permanente en el estado de emergencia. De acuerdo con sus términos, el proyecto parece armado para hacer efectiva una serie de reclamos a la gente que a pesar de la información que abunda, no permite detener la propagación del virus respiratorio que sobrevive hasta en época de calor.
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Una cifra de 32 mil 35 diagnósticos positivos a coronavirus en una entidad federativa compuesta por alrededor de dos millones y medio de personas, es demasiado alta para no tomarla en serio.
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La distribución del virus ya ha batido todos los récords, y siguen muriendo potosinos por la invasión infecciosa que, en gran parte, no se contiene porque no cesa la movilidad en las calles y la concentración de personas en lugares, como si no hubiera pandemia.
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Noche a noche y sin ninguna restricción, funcionan pequeños antros en diversas colonias de la ciudad y en el centro. A sus alrededores abundan los eventos presenciales y los miles de personas que se reúnen en los locales comerciales para comprar mercancías en forma descontrolada, cuando basta con privilegiar el uso del internet para realizar compras a distancia y evitar puntos de concentración de personas.
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Es de imaginarse el grado de desesperación de los servidores públicos que sí desean revertir el acelerado crecimiento de contagios, y ven cómo se rompe la sinergia por la omisión o en su caso trabajo cómplice de autoridades, que son insuficientes para asegurar el estado de derecho. Cada ley establece sus precisiones y dota a los gobiernos de las herramientas para ordenar libertades y restricciones.
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La falta de coordinación de algunas autoridades, que ha facilitado que se mantengan abiertos negocios de actividades riesgosas para la salud pública, muestra un juego de fuerzas encontradas, donde algunos pugnan por inmovilizar fiestas y reuniones, y otros hacen como que no ven. Por ello, el decreto de Ley Seca de emergencia, ya es urgente.
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En materia de salud pública, también está muy caliente la discusión acerca de la aprobación definitiva o rechazo a los permisos legales para la industrialización y venta de marihuana. La crítica severa de la iglesia mayoritaria, sugiere que los diputados desarrollen la actividad legislativa para una deseable decisión que se antoja imposible, y someter al imperio del derecho a los políticos que roban.
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No les faltaría razón si se considera que es preferible generar leyes que propicien igualdad de oportunidades de empleo y facilidades para educarse, en vez de llevar “el gramo” a los jóvenes en edad productiva.
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Sin embargo, y aunque ya se asoma en algunos dictámenes una propuesta para legalizar el uso de la marihuana, todavía falta camino por recorrer, tanto en quienes se manifiestan en pro como de aquellos que se expresan en contra de la iniciativa. Hablar de las drogas es tan interminable como discutir términos religiosos, diferencias políticas o preferencias de futbol.
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¡¡HASTA MAÑANA!!