Mientras que autoridades de los tres niveles de gobierno festinan lo que presentan un panorama agradable sobre la seguridad, con bajas espectaculares en la incidencia de algunos delitos, la reciente revelación del Índice de la Paz, el recuento anual del impacto de la delincuencia en la vida de los mexicanos, recuerda que no todo es color de rosa.
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El incremento descontrolado del narcomenudeo no escapó a la atención de los redactores del informe. El notorio incremento de la incidencia, el peor entre los estados, fue un elemento determinante para que San Luis no sólo no avanzara en el listado, sino que perdiera una posición.
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Esto es más serio debido a que el estado se mantiene en la media tabla, lejos de los estados que gozan de una posición más óptima.
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Sin embargo, que es el reflejo de una situación más grave: la operación en el estado de las bandas delictivas que mueven narcóticos y que en los últimos años han incrementado su operación sin que ninguna autoridad pueda frenarlos.
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Y por otro lado, la iniciativa privada también mancha el idílico cuadro al ofrecer datos que contravienen el discurso positivo: la mitad de los afiliados a la Coparmex ha sufrido los embates de la extorsión, delito que registra, según sus cifras, un 70 por ciento de incremento.
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Generalmente calmos, a los diputados locales les entró la urgencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva los expedientes relacionados con Pozos.
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Por ello, realizaron un exhorto formal a los magistrados para que terminen los procesos pendientes vinculados a la conformación del vecino municipio.
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Uno de ellos fue presentado por los integrantes destituidos del Concejo anterior, que demandan su reinstalación. De concretarse, echaría por la borda el cambio ideado desde los palacios Ejecutivo y Legislativo.
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Pero, al menos en el discurso, la preocupación legislativa por estos procesos inconclusos, están relacionados con aspectos electorales.
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Lo notable es que un Congreso del Estado que tiene decenas de expedientes en la congeladora, le reclame a otras instancias el “rezago de expedientes”.
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A ver si con esa prosa, los diputados le ponen velocidad a los asuntos que tienen pendientes en el Congreso potosino.
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La guerra del futbol por la transmisión de juegos en la plaza Fundadores sigue. En un gesto de rebeldía, el alcalde Enrique Galindo asevera que no necesita permiso del gobierno del estado para usar el espacio para la transmisión de los partidos del Mundial.
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Ojalá sea el último se este penoso lance.
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¡Hasta mañana!