El entorno político en San Luis se está pareciendo a una olla de presión colocada sobre un fuego
muy lento.
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Las tensiones políticas entre dos de los bandos que se jugarán el control del estado están escalando lenta pero constantemente.
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Ocurre cuando el PVEM gallardista presume una cascada de adhesiones de alcaldes que llegaron al cargo representando a la oposición del PRIAN.
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La dirigencia panista denunció que detrás de esos bandazos, hubo presiones de diversa y oscura naturaleza, las más duras, contra los que se resistían al cambio de colores.
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Y entonces, se da el asunto de Matehuala, uno de los últimos bastiones que le queda a la oposición. Escenario del escándalo de migrantes y de la detención de su jefe de la policía municipal, ahora tiene al alcalde metido en una filtración que presuntamente lo involucra con el narco.
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Paralelamente, el problema de la escasez de agua que se asoma en la capital también afecta este escenario. El Palacio de Gobierno tiene una poco discreta campaña de desprestigio contra la alcaldía de Enrique Galindo, cuyo objetivo fue esbozado recientemente por el gobernador Ricardo Gallardo: que su administración se haga cargo del servicio de agua potable en la zona metropolitana, y con ello, el control político inherente.
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A la par, inició un juego muy riesgoso: los señalamientos de sabotaje lanzados por el ayuntamiento y el propio gobierno estatal.
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Los pozos de Interapas son el blanco del lado del ayuntamiento. Ahí, se han cuidado de señalar responsables.
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Mientras que Palacio de Gobierno denunció, el mismo día, daños hechos a propósito a una de sus obras más queridas: uno de los mal llamados puentes atirantados.
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Aquí, sin mostrar ninguna prueba, el gobernador apuntó a la oposición.
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La olla acumula la presión, y no se ve intención de que alguien le baje a la lumbre.
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Las contradicciones en las que el gobierno estatal ha caído en el caso de la licitación de la Arena Potosí reviven uno de los peores vicios del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona: su aversión a la transparencia.
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Además de que la obra, de acuerdo a los planos realizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) tendrá un cupo inferior al anunciado (8500 asientos proyectados contra los 10 mil anunciados) y a un costo mayor al reconocido oficialmente (480 millones al final, contra 280 millones presumidos), presenta otro rasgo extraño: ya se están realizando trabajos en la zona sin que la licitación se haya concretado.
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La titular de la Seduvop, Leticia Vargas Tinajero, explicó que los trabajos previos se habían adjudicado de manera directa, aunque no identificó a los beneficiarios de los contratos ni qué obras realizarían ni la causa que originó esos trabajos.
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En una situación normal, averiguarlo no debería ser complejo. Tan simple como consultarlo en la Plataforma Estatal de Transparencia.
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Pero no es así. Porque no aparece ningún contrato relacionado con la Arena Potosí. De hecho, de ninguna obra, licitada o adjudicada directamente. Desde noviembre del año pasado, al menos, y hasta marzo, la Seduvop no ha presentado ningún reporte sobre los contratos que ha firmado.
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Lo que confirma que en esa dependencia, la opacidad es una práctica sistemática.
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¡HASTA MAÑANA!