La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha exhibido este año la grave incapacidad de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para reducir la incidencia de casos de agresión sexual en sus planteles.
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Estamos hablando de las recomendaciones que se han emitido este año a la dependencia educativa, 4 de las ocho publicadas este año, que la hacen la dependencia más señalada.
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Es grave porque se trata de la institución que se queda a cargo durante buena parte del día de los hijos de miles de familias, que ponen ella su confianza.
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En este sentido, puede haber cierto paralelismo con la iglesia católica y la debacle de la pederastia clerical; una institución antiguamente respetada, que vivió una debacle moral al comprobarse que al golpe devastador de los abusos por parte de un sector de sus integrantes, le siguió una política institucional de encubrimiento y protección a los responsables, igual de dolorosa para la feligresía.
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La SEGE debería verse en ese espejo. Al igual que la iglesia, es un puñado de sus miembros los que generan las conductas insidiosas, pero bastan para afectar la imagen de todo el conjunto.
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La CEDH remarca que, pese a los constantes llamados a hacer esfuerzos para liquidar las agresiones sexuales en las escuelas, los casos siguen presentándose. Ahí está el reto que enfrenta la SEGE.
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¿Qué pasó ayer en relación al Barrio de San Miguelito? Que la Seduvop terminó haciendo lo que debió realizar antes de arrancar el pavimento por sus puras ganas: dialogar con los ciudadanos, escuchar sus demandas y comprometerse a cumplir lo que en sus manos esté.
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Lo hizo forzada por un amparo que desnudó su prepotencia y la de gobierno del estado, pero la determinación ciudadana la obligó a sentarse a la mesa de negociación.
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Y sólo a través de ella, se destrabó el asunto, luego de que los quejosos que lograron una suspensión provisional vía un amparo se desistieran de continuar con ella.
Porque aquí, decir que el gobierno “ganó” el amparo es decir una falacia.
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Aun así, no falta quién lo asuma, como una activista de San Miguelito, que en un mensaje de redes sociales agradeció, de parte del gobernador Ricardo Gallardo, y de la estructura del PVEM del quinto distrito, el haber aportado decenas de firmas reunidas para intentar ser tomados en cuenta en el amparo como terceros perjudicados.
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Según el mensaje, gracias al mandatario ya esas firmas, se hizo posible la reactivación de las obras.
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Omitió decir que esa petición fue tajantemente rechazada por el juez de la causa, porque no fueron debidamente requisitadas. Pero todo vale cuando se trata de sacar raja política de un asunto.
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Graves los señalamientos sobre la Arena Potosí que dio el que quizá sea el columnista más serio que tiene el deporte de la charrería en la prensa nacional.
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Ramón González pone bajo el reflector un tema importante y del que no se había hablado: ¿cómo se probará la resistencia estructural de un recinto que prácticamente se ha terminado, albergaría a doce mil personas, según el gobierno estatal?
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El antecedente de que ya ocurrió una muerte en el proceso de construcción, por el vencimiento de una columna, hace necesaria una respuesta clara a esta pregunta.
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¡HASTA MAÑANA!