Este martes el juzgado de la causa procesa la petición de sentencia a quien está considerado como autor intelectual del asesinato del entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Julio César Galindo Pérez. El asunto es mayor, si se toma en cuenta que en los alegatos de cierre de instrucción, el debate va encaminado a determinar los grados de responsabilidad. El caso ha llamado la atención de Coparmex nacional y por ejemplo, el expresidente Gustavo de Hoyos Walter, se pronunció públicamente para que no haya impunidad.
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Desde el principio, el proceso penal se convirtió en uno de los más observados de México, a decir de los pronunciamientos de dirigentes empresariales, políticos y ciudadanos que conocen de cerca el hecho de que un empresario honesto fue cobardemente asesinado. La atención es tal, que hay partes del proceso penal que indican que se ha desarrollado la investigación en forma muy lenta, y con visos de que tardaría en llegar el día en que las partes pudieran enfrentarse en una audiencia de juicio oral. Este lunes comenzó la etapa esperada en uno de los casos de personas señaladas como parte de quienes habrían planeado o participado de manera material en la muerte del líder empresarial.
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Sin embargo, la etapa procesal destapó las redes sociales, las preguntas esperadas y los seguimientos inevitables de amigos, dirigentes empresariales locales y representantes del empresariado nacional, que esperan una resolución pronta para un caso que -advierten- no debe quedarse en la impunidad. Basta decir que precisamente uno de los instrumentos de evaluación de Coparmex, órgano empresarial asociado con otros evaluadores, es el índice delictivo y la impunidad al país. Este caso en particular es la prueba de fuego para el sistema de justicia de San Luis Potosí.
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Poco a poco, va reviviendo el viejo lío que ya parecía que había caído en el olvido, del confinamiento de desechos industriales de Mexquitic de Carmona, que por años combatió la doctora Angelina Núñez Galván, coordinadora estatal de la organización civil Educación y Defensa Ambiental, quien por su formación académica y su perfil de investigación, advirtió por años del daño ambiental del sitio que no fue remediado, sino únicamente abandonado cuando las autoridades ambientales lo clausuraron en la década de 1990.
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Su cierre se enmarca en el contexto de otra clausura, para el caso del confinamiento de residuos industriales conocido como Los Amoles en la comunidad de La Pedrera, en Guadalcázar, hecho que por errores jurídicos, más no de prudencia ambiental, derivó en una multa de 16 millones de dólares impuesta por el panel Internacional del Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte, en contra del gobierno mexicano. El daño para la economía mexicana, es un antecedente de aprendizaje de que las acciones, por más vestidas de justicia que estén, deben ir jurídicamente sustentadas.
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Tratar con los pendientes ambientales no es cosa de niños. Pasaron los gobiernos de Fernando Silva Nieto, Marcelo de los Santos Fraga, Fernando Toranzo Fernández, Juan Manuel Carreras López y José Ricardo Gallardo Cardona, y hasta ahora, no hay noticias de remediación y una clausura convincente de los tiraderos de desechos industriales de San Luis Potosí, a saber, Coterin y Metalclad. Solo se quedaron para el recuerdo y desentierro de los archivos, las denuncias de la científica Angelina Núñez, y de los grupos tanto de especialistas como de activistas ambientalistas de Pro San Luis Ecológico.
¡HASTA MAÑANA!