En el asunto de la revelación, por parte de autoridades de la nueva administración federal de que el gobierno peñanietista utilizó el spyware, conocido como Pegasus, para espiar las actividades de blancos potosinos, sería interesante establecer si los beneficiarios de ese seguimiento ilegal eran dependencias de la Federación o se beneficiaron también instancias locales.
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El sistema, hay que recordar, permitió a la antigua PGR peñanietista, mediante la inoculación de un virus en los celulares de los blancos, apoderarse del aparato, controlando cámaras, micrófonos y memoria para poner a merced de los espías, virtualmente todos los aspectos de la vida de sus blancos a través del celular.
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La agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad rastreó a los propietarios que vendieron al gobierno federal el programa de origen israelí hasta dos domicilios falsos en San Luis Potosí.
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La debacle priista de la elección de 2018 dejó expuesta la maniobra priista y era obvio que Morena iba a aprovechar la oportunidad de desnudar la intromisión.
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Se sabía que a nivel nacional, activistas, periodistas, políticos y opositores estaban bajo la lupa, pero en un reciente evento de la Secretaría de la Función Pública celebrado en la CDMX reveló que a nivel estatal, también hubo espionaje.
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¿Para quién? El caso que se conoce, de un abogado que se involucra en litigios por tierras, asesorando ejidatarios, no parece muy relacionado a los intereses que el anterior gobierno federal privilegió a la hora de
usar Pegasus.
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Las alcaldías de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez fueron consideradas las de mayor incidencia criminal en el estado, pero para sus autoridades, la responsabilidad de eso no
les toca.
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En Soledad, atribuyeron el alto volumen de delitos al crecimiento poblacional y en la capital, sin ofrecer ninguna cifra, simplemente aseguraron que la actividad delictiva ha disminuido, aunque, tampoco sin cifras, se aceptó la existencia de incrementos.
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Y en ambos casos, no hubo ningún asomo de autocrítica por estar en los primeros sitios de incidencia entre los municipios del estado.
El asunto de los bustos mal hechos pasó de ser un asunto divertido a una maniobra que busca el reflector fácil.
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El estrafalario busto de Benito Juárez ubicado en la alcaldía de San Antonio alcanzó los reflectores nacionales por tener cierta frescura y naturalidad.
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Pero la delevación de un igual de grotesco homenaje al presidente Andrés Manuel López Obrador ya no tenía ese ingrediente y se vio más como un burdo afán de notoriedad del alcalde Adrián Esper. Sobre la presencia de los diputados morenistas Edson Quintanar y Pedro Carrizales, no se puede precisar si se trató de ingenuidad política para prestarse a este evento o si también pretendieron ponerse bajo el mismo reflector que el del alcalde vallense.