El resultado del Índice del Estado de Derecho realizado por la organización World Justice Project refleja la realidad potosina: corrupción, inseguridad y justicia deficiente son los tumores que lastran la vida pública del estado.
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Y, desde luego, la mayor parte de la responsabilidad deberá apuntarse a la cuenta al pasado gobierno, encabezado por Juan Manuel Carreras López.
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Pero una mirada detallada a la metodología del instrumento expone que no sólo hay que mirar al pasado para ubicar las causas de la situación actual.
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La materia prima de las estadísticas del estudio son una encuesta a la ciudadanía, además de la recolección de más de dos mil testimonios de abogados y funcionarios de algunas dependencias (la UASLP, la CEDH y otras aquí en el estado) sobre el panorama en el estado de derecho en las entidades federativas.
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La encuesta ciudadana se realizó entre septiembre y octubre de 2021, ya en el gobierno de Ricardo Gallardo, mientras que la recogida de testimonios fue más adelante, entre enero y febrero de este año.
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No se puede descartar que las opiniones vertidas en uno y otro mecanismo, esté influido más en el presente que en el pasado reciente. Por si se quiere recurrir a la muletilla del legado nocivo.
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En todo caso, resulta el estudio es un llamado de atención sobre los problemas en los que el Estado potosino debe enfocarse para que San Luis viva una legalidad real, no sólo de discurso.
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El Centro Histórico es una zona codiciada comercialmente y, por ende, una en donde esa demanda hace tambalear el respeto a las normas.
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El ambulantaje es el ejemplo clásico. Pese a que, entre los muchos intentos que se han hecho para regularlo, están los ofrecimientos de espacios fuera del primer cuadro, los vendedores informales se resisten a dejar el centro.
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Y ahora, los vecinos del Centro Histórico, que los hay, se quejan del surgimiento de antros, bares y centros nocturnos, que hacen menos habitable el primer cuadro.
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El ayuntamiento y el gobierno del estado deberían informar sobre las autorizaciones que se han otorgado e investigar si hay establecimientos que no cumplen con la norma e imponer las sanciones necesarias.
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De nueva cuenta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le da palo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al incluirlo en la lista de 17 gobernadores que difundieron propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato.
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El canal de la presunta infracción fue el perfil del mandatario en Twitter, en donde difundió acciones y logros del gobierno para lograr simpatía hacia la permanencia del presidente de la República en tiempos de la revocación de mandato.
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Sería el segundo llamado de atención del TEPJF, también relacionado con la revocación de mandato.
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¡HASTA MAÑANA!