Quizá desde el contundente video en el que se ve al diputado Enrique Flores Flores explicar al alcalde Ébano, Crispín Ordaz, el entramado de la “Ecuación Corrupta”, San Luis no había estado ante un evidente delito en el Poder Legislativo.
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Y como en junio de 2017, el caso de los robos, porque ya es más de uno, en los que estuvo involucrado un auto oficial del Congreso del Estado se enfila a gozar de un manto de encubrimiento.
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No de otra forma se puede explicar porque en el Congreso, el asunto se desarrolla con una lentitud pasmosa y con una admitida manipulación de las evidencias (una legisladora reconoció que las grabaciones de las cámaras de seguridad, que ayudarían a encontrar fácilmente a los responsables, fueron borradas).
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Mientras que cualquier modesta empresa que dispone de una flotilla de vehículos dispone de un sistema del control de los mismos, que les permite conocer quién manejó una unidad y cuándo lo hizo, en el Congreso parece no existir tal sistema (la misma legisladora dijo que cualquiera pudo haber tomado las llaves del estacionamiento y utilizar el vehículo en cuestión).
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Por otra parte, pareciera que los diputados quieren escurrir el bulto esgrimiendo el argumento de que desconocían que desde la Dirección de Servicios Internos, una banda de ladrones daba varios golpes a los hoteleros de dos municipios. Que el argumento sea verdad, revela un descontrol realmente peligroso en el Legislativo. La otra alternativa es que hubo conocimiento, e incluso complicidad en todo el asunto desde los más altos niveles del Legislativo.
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Por otra parte, extraña que en la Fiscalía General del Estado hayan dicho ayer que sólo investigaban la denuncia del hotelero de Rioverde afectado por uno de los robos, cuando por la misma mañana, ya se había presentado la segunda denuncia, la de uno de los negocios de Rioverde.
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Por cierto, las pruebas presentadas, además de cimentar el involucramiento del vehículo, tiene elementos muy reveladores sobre quién cometió ese robo.
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La FGE debe tener pocos casos en los que los elementos de prueba sean tan claros. Que la resolución tarde y se retrase el castigo a los culpables daría mucho de qué hablar.
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La ciudadanía ya está hartándose de las ya casi cotidianas fallas del acueducto de El Realito, que está dejando sin agua a decenas de colonias capitalinas y a miles de sus habitantes.
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La protesta de ayer en el fraccionamiento Balcones puede ser la primera de una serie de manifestaciones y bloqueos que amplifiquen las consecuencias nocivas del pésimo servicio que está dando el acueducto.
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Y mientras, una solución real al problema, cosa que deberían garantizar la empresa concesionaria y las autoridades, parece muy lejana.