Si fuera béisbol, el Congreso del Estado estaría siendo blanqueado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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La cuenta de 13 controversias constitucionales en las que el máximo tribunal del país ha anulado reformas legislativas aprobadas por el Congreso no es algo que se pueda presumir.
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Es un indicador de que la técnica legislativa en San Luis todavía es una cuenta pendiente por aprobar.
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Y esa deficiencia afecta a múltiples ámbitos, desde lo electoral, lo educativo y la salud. Una falla destaca en estos procesos: el de la deficiencia en elaborar las consultas a grupos vulnerables que marca la Ley. Esto ha hecho naufragar importan-
tes proyectos.
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Ahora bien, las fallas no corresponden a esta Legislatura, sino a la pasada. Todos los fallos anularon votaciones aprobadas en el anterior trienio legislativo.
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Pero algunos de los actuales diputados, los que se reeligieron, participaron en los procedimientos. Tal vez tengan algo que decir.
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Por otro lado, independientemente de los nombres, está la institución. El Congreso es el que carga con estas fallas.
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A esta Legislatura también le tocaron ya sus procesos de consulta, a indígenas, a personas que enfrentan alguna discapacidad. Estarán sometidos a prueba, sobre todo, si enfrentan amparos.
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La Auditoría Superior del Estado sigue sin difundir los informes finales de la fiscalización de 2021. La justificación es que primero notificaría los resultados a los funcionarios de las dependencias auditadas.
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El órgano fiscalizador había anunciado que, luego de cumplido ese proceso, liberaría los informes. Y hasta dio una fecha: el pasado jueves, 10 de noviembre, como día a partir del cual podrían ser públicos los informes. Desde luego, es una vaga promesa en tanto no haya más precisión en el compromiso.
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La información pública debe fluir hacía la ciudadanía y este diario lo ha demostrado obteniendo los documentos de la ASE y publicando la información
que contienen.
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A raíz de eso, algunos de los responsables de las dependencias observadas y cuyas cuentas han sido publicadas se han acercado a este medio para señalar que no han sido notificados aún por la ASE, a 11 días de que se entregaron los informes al Congreso.
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Parece que hay un retroceso en la efectividad de la actual administración de la ASE, en comparación con quienes le antecedieron. Y ni hablar del retroceso en transparencia.
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¡HASTA MAÑANA!