Aún reconociendo que veían “confusión” en el procedimiento para renovar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, concretamente si en la elección en ciernes el designado debía cubrir los cinco meses que quedan por cumplir en el presente periodo por la renuncia de sus dos antecesores, o siete años, como si fuera una renovación normal por la conclusión de un periodo constitucional y pese al riesgo de caer en una violación constitucional, los diputados de las comisiones legislativas de Justicia y Gobernación aprobaron ir por la segunda opción básicamente porque podían y querían.
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Ayer se exponía en este espacio el sinsentido legal que sería darle a la virtual nueva fiscal, Manuela García Cázares, un pase directo a los 7 años sin pasar por la escala de cubrir el periodo que dejaron inconcluso Federico Garza y José Luis Ruiz, que es de cinco meses, de aquí a octubre.
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La Constitución, independientemente de la “confusión” de los legisladores, que consideran que hay espacio para la interpretación, es clara: establece dos procedimientos claramente distintos para los dos casos: el final normal de un periodo de siete años y la suplencia en caso de una ausencia del titular, entre cuyas causas está la renuncia.
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Los diputados van actuar distinto pese a que en diciembre de 2021 acataron a la letra la norma constitucional: en la designación de Jose Luis Ruiz, el plazo se respetó para que fuera fiscal hasta el fin del periodo, el próximo 26 de octubre.
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¿Qué cambió? ¿Qué explica una actuación no sólo distinta, sino riesgosa por implicar una violación constitucional que dejaría jurídicamente vulnerable a García Cázares?
La elección del 2 de junio podría ser la respuesta. A partir de septiembre llegará una nueva Legislatura, a la que le tocará el trámite del nuevo fiscal.
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Es posible que el principal promotor de la candidatura de la expresidenta del STJE, el Ejecutivo, intuya que tras el 2 de junio, haya posibilidades de que la nueva Legislatura no sea tan “flexible” ni tan favorable a sus designios. Por eso, mejor aprovechar a estos diputados, que ya probaron, incluidos los de oposición, que no chistan ante las órdenes. Aún ante el riesgo de violar la Ley.
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Las dirigencias del Verde o de Morena, las autoridades locales, la policía o los gobiernos federal o estatal deben de poner orden en la violencia que se ha desatado entre las militancias de ambos partidos, antes de que se salga de control.
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El de ayer en Soledad fue el más reciente y peligroso episodio de una rivalidad que ninguna coalición firmada por las cúpulas en la CDMX puede ocultar.
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Resulta irónico que, tras la amenaza de los grupos delictivos a los comicios, el pleito de los dos aliados sea el riesgo de violencia más grave que amenaza a la elección en San Luis Potosí.
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En un gobierno que tiene el sello del autoritarismo de su titular, salta alguien que sin ninguna consecuencia, desobedece una orden directa del gobernador: la titular de Seduvop: Leticia Vargas, que incumplió las instrucciones directas de desistirse del amparo contra la orden de revelar los contratos de la dependencia en la Fenapo y hacerlos públicos.
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A menos, claro, que Ricardo Gallardo esté de acuerdo con ello.
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¡HASTA MAÑANA!