Irónicamente, el cliché político de que los muertos son objeto de atención de las autoridades viene a “revivir” en la víspera de las celebraciones a los finados.
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Y es el DIF estatal el señalado en un reporte de la Auditoría Superior de la Federación por haber entregado apoyos a 344 beneficiarios de distintos apoyos de programas de asistencia social que resultaron haber muerto. Por esta razón, la institución devolvió el año pasado casi medio millón de pesos del presupuesto otorgado por la Federación.
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Para la ASF, esa devolución subsanó la anomalía administrativamente, pero eso no quita que ese dinero se utilizó y se erogó. Será interesante que el DIF estatal revelara quiénes fueron los beneficiarios, si se desvió el dinero o si se sacó raja política a esa erogación.
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El autoritarismo mostrado por las autoridades educativas para imponer el asueto en escuelas privadas por el Xantolo no tiene más base que “las indicaciones anunciadas” por el gobernador Ricardo Gallardo.
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Y eso que el SEER y la SEGE tenían una base legal en el artículo 67 de la Ley de Educación que señala que “las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad que haya establecido o, en su caso, ajustado el correspondiente calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios y si no implican incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario señalado por la autoridad educativa federal”.
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Pero no hay “caso extraordinario o fuerza mayor” que justifique lo que no fue más que una ocurrencia del mandatario.
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Ahora, dos instituciones educativas privadas que no acataron el ordenamiento recibieron a funcionarios de la SEGE que tenían la tarea de imponer sanciones. A ver si la debilidad legal no tumba las sanciones.
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Que en el Congreso, una funcionaria, la Coordinadora de Apoyo Técnico a Comisiones y Comités, pretende un doble cobro al reclamar el sueldo de ese cargo, pero también el de asesora, o más precisamente, secretaria de estudio legislativo.
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La demanda ha sido hecha a la Oficialía Mayor e incluso a la Junta de Coordinación Política. El problema es que al ser nombrada coordinadora, mantuvo no renunció a la asesoría ni pidió licencia. Y el Legislativo lo permitió.
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René Oyarvide, secretario del Concejo Municipal de Pozos, defiende la opacidad al afirmar que no se puede dar a conocer información sobre el financiamiento de la feria municipal, la primera y única obra importante que ha hecho el concejo.
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Qué eran fondos privados y que los donantes no accedieron a revelar su identidad. ¿Suena conocido? Fue el mismo argumento que usó la Seduvop para evitar dar a conocer información de sus contratos, aunque con una variación: que los empresarios beneficiados se negaron a que la información fuera pública por la inseguridad.
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Oyarvide, quien fuera diputado y se supone conoce las leyes, olvida que al ser un donativo, la Ley de Transparencia lo incluye entre la información que las autoridades están obligadas a difundir.
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Ante estos lineamientos, no hay justificación válida para mantener en la opacidad el uso de los recursos relacionados con la Feria de Pozos, o sólo que esa sea la intención del concejo, aunque sea una violación a la Ley.
HASTA MAÑANA