En el papel, los proveedores potosinos tienen preferencia en las licitaciones que realicen las instituciones estatales y municipales del estado.
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Así lo marca el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado, que señala que en las contrataciones, las instancias “quedan obligadas a preferir en igualdad de circunstancias, a los proveedores locales, con el propósito de alentar, proteger y fortalecer la industria, el comercio y, por ende, el desarrollo del Estado”.
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Sin embargo, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y la Oficialía Mayor no se vieron muy apegadas a este precepto cuando, el 1 de febrero pasado, firmaron un contrato con una empresa chiapanecas por el servicio de un número indeterminado de elementos para vigilar inmuebles escolares entre el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2026.
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Dentro del proceso de licitación DGA-CAASPE-LP-001-26, la Oficialía Mayor otorgó el contrato a la compañía chiapaneca RLM Prestadora de Servicios y Productos SA de CV, creada en Tuxtla Gutiérrez el 15 de diciembre de 2021, a pocos meses de que iniciara esta administración.
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El servicio que dará la empresa aparece censurado en la versión pública del contrato, sólo se puede leer que se trata de la “contratación de elementos de la empresa de vigilancia”. El monto sí aparece: 14 millones 642 mil pesos.
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Las razones esgrimidas para justificar el ocultamiento están relacionadas con la protección de información comercial de la empresa y porque se identifican a personas físicas.
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No es la primera vez que una instancia del gobierno estatal hace negocios con la compañía sureña.
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Trabajadores de esa empresa prestaban servicio en octubre de 2024 en la Arena Potosí. Un hecho trágico reveló lo anterior, cuando uno de sus empleados murió en un accidente ocurrido durante el campeonato nacional charro de ese año.
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Si existió o no contrato con la arena, no se puede saber, dado el alto grado de opacidad con que se maneja esa dependencia.
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Pero lo qué si es conocido es que en diciembre de 2023, la SEGE contrató a la empresa para el mismo servicio para contratar (ahí sí apareció el dato de los alcances del contrato) a 47 vigilantes, pagando por ello 10 millones 949 mil 995.25 pesos.
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En cuatro años, el servicio se encareció 3.6 millones de pesos, aunque cabe la posibilidad de que hayan sido más agentes contratados, lo cual no se puede saber por el ocultamiento informativo.
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Así pues, cuando existen varias las empresas locales que prestan ese servicio, el gobierno estatal prefiere beneficiar a proveedores foráneos. Y beneficiarlos bastante.