Por lo regular, una de las principales promesas de todo gobierno es combatir la pobreza en el estado, e incluso ponerle fin.
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La administración de Juan Manuel Carreras López no fue la excepción. Y al menos en la primera parte del sexenio, de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), pues en 2018, tres años después del inicio de su gobierno, presentó una mejoría, con la disminución de los principales indicadores de la miseria.
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Pero en los dos últimos años, el panorama se descompuso. Indudablemente, la pandemia de coronavirus tuvo un impacto fatal en la lucha contra la marginación. En esa dirección apuntaban las estadísticas del Inegi, que marcaron un crecimiento de los hogares en donde la pandemia llevó el hambre.
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Pero sólo es un factor. El golpe del Covid expuso la fragilidad de la política social del gobierno del estado y, en general de la economía del estado.
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Los resultados más recientes del Coneval significan un duro golpe para el gobierno carrerista en su recta final: no tuvo éxito en su lucha contra la marginación.
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Otro espejismo que rompieron las cifras del Coneval fue el de la política de salud del gobierno carrerista. Durante todo el sexenio, fue presumida como de avanzada, con primeros sitios en varios aspectos del combate a la enfermedad y una infraestructura de primer mundo.
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De nuevo, la pandemia es un factor indudable para llegar a este escenario, pero aun así, resulta dramático el nivel en el que creció el número de potosinos que tuvieron carencias de acceso a los servicios de salud.
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El reporte del Coneval es un duro juicio de la gestión de quien estuvo al frente de la Secretaría de Salud hasta 2020: Mónica Rangel Martínez.
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Así, al caos financiero y administrativo en el que sumió a la Secretaría de Salud, habría que sumarle el fracaso de lo que fue su responsabilidad: la salud de los potosinos.
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Regresa el fantasma de las patrullas clonadas. Las denuncias de transportistas que llevan mercancías al Centro de Abastos de que son víctimas de extorsión de sujetos a bordo de vehículos camuflados como los de las corporaciones recuerdan la actividad de vehículos clonados como patrullas que se dieron hace años.
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Ojalá que en esta ocasión no ocurra lo que pasó en esa ocasión: que las denuncias fueran ignoradas totalmente por las autoridades.
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Que alguien le diga a Guadalupe Torres Sánchez que ser el futuro secretario General de Gobierno no le da, todavía, ninguna autoridad para tomarse la atribución de dar alguna orden a la burocracia estatal.
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Todavía faltan semanas para que Ricardo Gallardo Cardona asuma la gubernatura y Torres Sánchez, sin atribución alguna, ordena a los trabajadores estatales que ya estén vacunados regresen a laborar, sin tomar en cuenta la política sanitaria.
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Y como ya hasta el gobernador anticipa que el estado regresará al semáforo naranja debido a la tercera ola de contagios y la burocracia ha sido uno de los sectores mejor tratados durante la pandemia, lo más seguro es que el “home office” mayoritario regrese.
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Además, falta ver qué cara ponen los sindicatos con la orden de quien todavía es, formalmente, un ciudadano y no un funcionario.
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¡HASTA MAÑANA!