En materia de actividad delictiva en San Luis Potosí, la cuestión ya no es si este año será el peor en lo que va de la administración. Es el peor y aún no termina. La duda es qué tan peor será. A dos meses de que termine el año, en 2019 se han cometido cinco mil 634 delitos más que en 2018. Y la cuenta no dejará de subir.
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El riesgo muy real es que el cuarto año de gobierno de Juan Manuel Carreras López sea el peor de los 22 que ha contabilizado el Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 1997.
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Los datos están ahí: ya se fue más de la mitad de este sexenio, y en ninguno de los cuatro años transcurridos ha habido un descenso en la estadística.
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La responsabilidad del Palacio de Gobierno en estos malos resultados ahí está. Pero también es inocultable la falla de las dos últimas administraciones de la capital y de Soledad. En este caso, también hay nombres: Xavier Nava y los gobernantes emanados de la familia Gallardo o de esa corriente política.
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Están también sus respectivos gabinetes de seguridad, que no han ofrecido los resultados que requiere la sociedad potosina y que no en pocas ocasiones han caído en contradicciones.
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La más reciente la exhibió el gobernador Carreras, que al hablar de la reciente ola de crímenes, al considerar que una buena parte de los delitos registrados están vinculados con la delincuencia organizada. E incluso reconoció que la que se dedica al tráfico de drogas.
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Los señalamientos del mandatario no están alejados de la realidad y contrastan con las posturas de sus colaboradores, que se han esforzado en minimizar, e incluso negar, la participación del crimen organizado en el estado.
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Dicen que el fracaso es huérfano, pero en el caso del avance de la inseguridad, es imposible ocultar a los responsables.
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Tan tranquilo que se sentía el super delegado del gobierno federal en la entidad, Gabino Morales, con el espaldarazo que le dio su jefa directa, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, en su más reciente visita, al señalar que no estaba siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública.
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Antier, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, volvió a remover las aguas al anunciar que su dependencia estaba tras dos de los nueve delegados mencionados por la SFP. Hasta que no se revele el nombre de los dos funcionarios, todo es posible.
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El año pasado, el gobierno del estado y el Congreso esperó hasta el último minuto para aprobar el presupuesto de este año, debido a que esperaron a que San Lázaro hiciera lo propio.
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Ahora, fue al revés. La propuesta estatal ya está en el Congreso cuando la aprobación del presupuesto federal aún está pendiente. A ver si no hay sorpresas desagradables.
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Parece que las conferencias de prensa de los miércoles que inició la Jucopo tendrán un fuerte ingrediente partidista. Ojalá que los diputados contrasten con un trabajo irreprochable las críticas que se van a emitir desde ese nuevo púlpito. Ejercer realmente la austeridad, y no nomás manejarla en el discurso, podría ser un buen inicio.
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¡HASTA MAÑANA!