Tras la rimbombante revelación de la investigación sobre los presuntos desvíos en la Dirección General de Pensiones y el descubrimiento de un entramado de empresas manejados por las personas involucradas en el caso de una sociedad financiera, Trapeza Marketing Argentarii Sofom de ENR, el caso pareció caer en un marasmo.
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Tal vez el freno declarativo se deba a que el gobernador estatal no podría contenerse en revelar algunos detalles, mientras que la Fiscalía General del Estado cerró la llave informativa, atribuyéndola a la secrecía.
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No obstante, siguen surgiendo detalles interesantes sobre el caso. Como la naturaleza la única empresa involucrada que se ha identificado oficialmente: Trapeza.
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Y la clave está en la segunda parte de su nombre. La empresa es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, es decir, una sociedad anónima enfocada en el crédito, arrendamiento y factoraje.
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De acuerdo a las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no forman parte del sistema financiero formal, de ahí las siglas “ENR”: entidad no regulada.
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Este tipo de empresas sólo pueden ofrecer créditos y no tienen permitido captar recursos. De hecho, de acuerdo a un documento de la Condusef sobre este tipo de empresas, se advierte que “si realizan -captación de recursos-, esto sería una captación irregular y tanto empleados y funcionarios pudieran llegar a tener consecuencias de tipo penal”.
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Muy probablemente, de ahí derivó la detención de algunos de sus directivos, y no sólo de los funcionarios de la DGP.
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Pero para este tipo de transacción, se necesitan dos partes. Y la otra es la propia Dirección General de Pensiones.
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La normatividad del sistema de retiro estatal potosino mantiene sectorizados los 4 fondos que maneja: burócratas, las dos secciones del SNTE y el de los propios empleados de la DGP, en donde cada sector mantiene el control de sus respectivas partidas. Adicionalmente, existe la Junta Directiva.
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El caso es que existen diversos candados para controlar la salida de recursos de Pensiones, que hacen inviable que se mueva un peso si no es con la autorización de los controladores de los fondos.
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Desde luego, cabe la posibilidad de que los funcionarios involucrados movieran los recursos a espaldas de los encargados de dar esas autorizaciones, pero si el esquema de desvío duró varios años, debieron ser extremadamente hábiles para sostener el fraude. La otra posibilidad es que no hayan actuado solos.
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Tres mil 500 millones de pesos es mucho dinero. Quizá salvo las instancias de salud, seguridad pública y educación, ninguna dependencia estatal goza de esa cantidad como presupuesto.
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Pues ese es el monto que se dejó de recibir en San Luis por el fortalecimiento del peso ante el dólar durante buena parte del año pasado.
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Las familias receptoras de las remesas, que quizá reciban una mayor cantidad de dólares, pero tendrán menos pesos, ya conocerán el impacto de esta disminución, pero seguramente lo revelarán las estadísticas sobre ingresos y pobreza laboral que se darán a conocer más adelante.
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¡HASTA MAÑANA!