El pasado 4 de enero, durante su primera reunión del año con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, según el comunicado oficial, les “instruyó no distraerse con el tema electoral y ser muy respetuosos en el cumplimiento de las leyes en la materia”.
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El mandatario solicitó a sus colaboradores “evitar las distracciones en un año electoral y no descuidar de ninguna manera la responsabilidad en cada dependencia, porque nos debemos a las y los potosinos y tenemos el compromiso de seguir brindado apoyo y resultados”.
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Las instrucciones del mandatario estatal se ponen a prueba ahora que se descubrió a uno de los integrantes de su gabinete, el titular del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Crisógono Sánchez Lara, tiene una participación activa en la campaña, no como candidato a algún cargo, sino haciendo proselitismo en favor de las candidatas del Partido Verde Ecologista de México al Senado, Ruth González, y Sonia Menndoza, postulada a la alcaldía capitalina.
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En el aspecto legal, no existe prohibición expresa a que un funcionario participe en labores proselitistas, siempre y cuando éstas ocurran fuera del horario laboral. Sin embargo, es usual que a los cargos de confianza, sobre todo los más altos, se les exige disponibilidad absoluta.
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Además, de la solicitud verbal del mandatario, se maneja que entre los integrantes del gabinete circuló un oficio en el que se establecía una orden a los integrantes del gabinete de no participar en labores proselitistas.
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Otra cosa es el asunto de la distracción. ¿Cómo saber que la participación del funcionario en labores de promoción electoral significaría un detrimento para sus labores?
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El fin de semana pasado, el gobernador, de manera un tanto confusa, indicó que para evitar afectaciones a los estudiantes de nivel básico a causa del calor, habría cambios en el horario.
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Ayer lunes, hubo confusión en varias primarias y secundarias, pues el cumplimiento fue variopinto, con las consiguientes molestias para alumnos, maestros y padres de familia.
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¿Qué hubiera pasado si el esfuerzo invertido por el titular del SEER en el evento proselitista en favor de las candidatas del Verde se hubiera canalizado a un diseño efectivo para establecer, sin problemas, las modificaciones al horario escolar?
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¿Qué tanto el servicio público pierde cuando se desvía la atención de cientos de maestros del sistema que son obligados a participar en labores proselitistas?
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Ayer se concretó la renuncia de la ahora expresidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Manuela García Cázares, y su petición de licencia como magistrada por 6 meses.
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Los indicios apuntan a que iría a la Fiscalía General del Estado, sustituyendo a José Luis Ruiz, ahora titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Ahora la duda es qué pasará en octubre, cuando se elija al fiscal de las siguientes 7 años. Manuela García no podría serlo, pues implicaría una reelección, prohibida por la Ley.
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Y José Luis Ruiz pierde elegibilidad al ser, ahora, titular de una secretaría estatal, lo que también lo inhabilitaría.